Mauricio Godoy Molina es uno de los profesores de la Universidad de la Frontera que participó en la reforma de estatutos por la Ley 21 094, representando al Departamento de Matemática y Estadística. En dicho proceso fue miembro de la Comisión de Calidad y Acreditación Institucional, encargada de generar el Título IV de la Propuesta, y parte de la vocería de esta Comisión. También fue parte de la Mesa Redactora del Claustro, encargada de compilar el trabajo de las cuatro comisiones y generar el documento final, además de ser el representante académico electo por los claustristas de ese estamento para dirigir unas palabras a la comunidad en la ceremonia oficial de entrega de la Propuesta del Claustro a la Rectoría, que dio cierre al trabajo del Claustro.
Posteriormente al trabajo del Claustro fue electo presidente de la Asociación Gremial de Académicas y Académicos de la Universidad por un período de dos años. Aula Magna conversó con él para conocer cómo fue el proceso de reforma de estatutos en la UFRO.
¿Cómo se entiende la relación de la UFRO con la sociedad, la cultura y el Estado?
“La Universidad de La Frontera tiene un llamado preferente a responder a las necesidades del territorio en que se encuentra emplazada, especialmente teniendo en cuenta las profundas carencias en prácticamente todo ámbito que presenta la región de La Araucanía. El importante crecimiento de la UFRO en la última década se debe a una gestión administrativa y financiera cuidadosa y una priorización especial por mejorar indicadores de productividad científica. Lo anterior ha tenido como consecuencia natural una despreocupación por el papel de liderazgo regional que la sociedad espera de la UFRO. Esta vocación por su entorno está despertando de manera importante en la institución, aunque todavía no se ve suficientemente reflejada en que la población sienta a la Universidad como clave en su desarrollo. El desafío actual en este aspecto es que la UFRO sea un agente de cambio relevante, tanto por la generación y transmisión de conocimiento avanzado como por su rol en el desarrollo de la región y el país”.
¿Qué puede esperar el país en materia de educación a propósito del nuevo Estatuto?
“En mi opinión, la mayor parte de los cambios específicos presentes en la ley 21.094 se refieren al funcionamiento interno de las universidades estatales, aunque no únicamente reducidos a aspectos administrativos, sino especialmente referidos a la democratización de los procesos y la promoción de valores que son importantes para la sociedad moderna, tales como la participación, la igualdad de género y la interculturalidad. Todas las universidades del Estado están obligadas por ley a re-imaginarse a sí mismas como instituciones cuya labor va más allá de lo históricamente considerado como académico. Es en este sentido – que las universidades estatales deben ser promotoras de una visión renovada de la sociedad – que el país debe percibir a sus universidades como un faro intelectual que nos permitirá sentir que somos parte de una nueva forma de soñar el futuro de Chile. Esta concepción de la responsabilidad social que deben tener las universidades estatales tendrá profundas implicancias en la formación de profesionales, investigadoras e investigadores, científicas y científicos”.
¿La reforma de los Estatutos de la Universidad era una demanda de la comunidad universitaria o vino impuesta desde el Congreso Nacional? ¿Antes de la disposición legal que abrió́ el proceso de reforma hubo intentos de algún sector de la Universidad (estudiantes, funcionarias/os, académicas/os) por reformar o derogar el estatuto vigente desde el tiempo de la dictadura?
“Hubo un Claustro en el año 1990 donde el estamento académico de la Universidad tomó decisiones operativas que complementaban el estatuto publicado en 1981 (como la creación del actualmente vigente Consejo Universitario y las atribuciones de los Consejos de Facultad). Desde ese entonces las asociaciones gremiales de funcionarias y funcionarios académicos y administrativos de la Universidad insistían sistemáticamente en la necesidad de tener un cuerpo normativo generado por la institución, aunque siempre encontrándose con trabas legales o locales. Legalmente hablando, el estatuto vigente de la UFRO desde 1981 no incluye la posibilidad de que este pueda modificarse. Políticamente hablando, a nivel local, nunca hubo suficiente fuerza de parte de quienes sentían que el estatuto debía cambiarse como para buscar otras alternativas que fueran viables. La obligatoriedad impuesta por la Ley 21.094 de reescribir parte importante de nuestro estatuto, y especialmente la relevancia explícita a temas fundamentales como la interculturalidad y la igualdad de género, fue muy bienvenida por una proporción relevante de la comunidad universitaria”.
En qué medida, estima usted, que el estatuto impuesto por la dictadura ha determinado las formas de convivencia y de relacionarse al interior de la comunidad universitaria? ¿Qué características presentaría esa cultura?
“El origen autoritario del estatuto de 1981 y la imposibilidad de que la institución pudiese modificarlo ha tenido profundas consecuencias en cómo la comunidad universitaria se siente parte de la institución y la relevancia desmedida se le entregan a los roles históricamente privilegiados. En particular, la toma de decisiones en la institución todavía presenta evidentes niveles de verticalidad, aun cuando en los últimos años ha habido un genuino intento desde el Gobierno Universitario de promover ciertos grados de participación triestamental. De manera más profunda, la estructura anquilosada de la Universidad hace que la cultura institucional sea reactiva, con procesos lentos y burocráticos que dificultan el prever situaciones problemáticas”.
¿Qué valor le asigna al proceso de formulación de nuevos estatutos? En este sentido, ¿habrá un cambio en la cultura de la gestión universitaria?, ¿será́ efectivamente más participativa?
“Este proceso estatutario abrió espacios de discusión inéditos en parte importante de la comunidad universitaria, la que paulatinamente ha sentido que puede emitir opiniones abiertamente. Tenemos la esperanza que la comunidad que despierta estará atenta a que se implementen los cambios a la gestión interna de la Universidad más importantes propuestos por el Claustro y que no se pierdan esas posibilidades de participación. Sin duda que en un comienzo la inercia heredada del autoritarismo histórico dificultará algunas instancias de participación, pero este cambio de paradigma valdrá la pena”.
¿Como evalúa la actuación del estudiantado, académicos/as y funcionarios/as en el proceso?
“La participación del estamento académico de la UFRO estaba asegurado, ya que dos tercios del Claustro correspondían a representantes de dicha parte de la comunidad universitaria, mientras que los estamentos estudiantil y administrativo tenían sólo un sexto de representatividad en el Claustro cada uno. Esta asimetría de origen, fundamentada en el hecho que la ley establece que en el Consejo Universitario el estamento académico no puede tener una representación inferior a los dos tercios, generó roces inicialmente. La horizontalidad requerida para el correcto funcionamiento del Claustro fue fácilmente asumida por una proporción muy relevante de los estamentos, aunque algunas personas tuvieron serios inconvenientes para adaptarse. Los estamentos subrepresentados tuvieron un comportamiento ejemplar y fueron fundamentales para poder terminar con éxito nuestra labor”.
¿Qué grandes novedades trae la nueva regulación que puedan ser de interés para la comunidad universitaria?
“Es importante distinguir entre las propuestas del Claustro y lo enviado al Ministerio de Educación desde la Junta Directiva de la Universidad, cuerpo colegiado superior mandatado por ley para estos efectos. Por ejemplo, era de gran interés para la comunidad universitaria el aumentar los niveles de transparencia para la gestión administrativa y financiera de la institución, pero la Junta decidió reducir los seis artículos de dicho título (y todo el trabajo que dicha comisión realizó durante más de un año) a uno solo. Decisiones de este estilo ocurrieron en diversas partes del documento emanado del Claustro.
Dicho lo anterior, puedo relevar tres nuevas instancias en la orgánica universitaria presentes en la propuesta final enviada al Ministerio y que fueron validadas por la Junta: la creación de la Prorrectoría y del Parlamento Universitario, junto con la instalación de un título exclusivamente dedicado a la Calidad y Acreditación Institucional. La Prorrectoría tiene por objetivo liberar a la Rectoría de muchas labores operativas, de tal suerte que la Rectora o el Rector pueda dedicar parte importante de su tiempo a aspectos más políticos propios del quehacer de dicho cargo. El Parlamento Universitario es la denominación establecida por el Claustro que reemplaza al nombre “Consejo Universitario” presente en la ley. El Parlamento es el órgano colegiado superior triestamental y democrático por antonomasia, donde se tomarán algunas de las decisiones más importantes del funcionamiento académico e institucional de la Universidad. Finalmente, la obligación a nivel estatutario de implementar una cultura de la calidad institucional, la importancia de la calidad de vida de la comunidad universitaria y la creación de un Consejo triestamental encargado de estimular el cumplimiento de metas para asegurar la mejora continua de los procesos distinguirá a la UFRO como una universidad con altos estándares de excelencia en el futuro cercano”.
¿Hubo alguna votación por parte del universo triestamental de la universidad para aprobar el borrador de los nuevos estatutos?
“No. Hubo diálogos participativos abiertos, donde las comisiones temáticas del Claustro obtuvieron una retroalimentación directa desde la comunidad y además una consulta electrónica no vinculante abierta donde se podían hacer observaciones por escrito a cada artículo de la primera versión completa del documento generado por el Claustro. Aunque en esta consulta lamentablemente participó una proporción pequeña de la comunidad total, esta mostró un nivel de aprobación de sobre un 80% de cada artículo. Los reportes emitidos como parte del proceso se pueden encontrar en el sitio web de los estatutos de la UFRO”.
En la misma línea, ¿sabe qué índice de participación electoral tiene la UFRO?
“En la reciente elección de Rectoría, votaron 731 personas de un universo electoral de 911 personas en total. Esto entrega un nivel de participación de un 80,24%. Dado que el número de votos por persona está ponderado en base a jerarquía y tipo de contrato, el porcentaje entregado no corresponde exactamente a la cantidad real de votos emitidos, pero da una idea de que la participación en esta elección fue bastante alta”.
¿Cree usted que la universidad chilena vive una crisis de participación?
“Creo que la sociedad chilena en su conjunto vive una crisis de participación, lo cual se ve reflejado como caso particular en las universidades. De todas formas, considero que en buena medida esto se debe a una falta de cultura participativa, la cual puede comenzar a resolverse a través de una nueva mirada a la educación cívica en todos los niveles de la sociedad. Muchas personas en Chile aún no sienten confianza al expresar sus opiniones por miedo de ser sancionadas por figuras de autoridad, y muchas otras tienen serias dificultades para articular de manera coherente su sentir. Dado que las universidades estatales estamos llamadas a formar “personas con espíritu crítico y reflexivo”, según el artículo 4 de la ley 21.094, entonces debemos liderar esta cruzada promoviendo “el diálogo racional y la tolerancia” y forjando “una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social”.
