“El apruebo demostrará la capacidad y decisión política del pueblo e iniciará un camino en el cual el derecho será nuestro aliado, pero no será el responsable de las transformaciones. Nunca debemos irresponsabilizar al pueblo como sujeto histórico protagonista, porque en nosotros recae el empuje de llevar a cabo las transformaciones”.
Elisa Giustinianovich Campos, convencional representante del Distrito 28° de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, nos comparte su análisis acerca del proceso constituyente y nos entrega un balance en torno al Sistema Nacional de Educación que se promulga en el nuevo orden constitucional. Pero, por sobre todo, la convencional insiste en el empuje del pueblo para llevar a cabo las transformaciones tras el plebiscito de salida.
Revisa a continuación la completa entrevista a Elisa Giustinianovich:
SOBRE LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
¿Tiene un balance personal acerca de cómo se reguló el tema del derecho a la educación en el proyecto de nueva Constitución?
“No podía salir mal una norma construida de la mano de decenas de organizaciones que durante décadas han luchado por la consagración de este derecho. La Comisión de Derechos Fundamentales tuvo especial atención por llevar a cabo un proceso participativo en la construcción de las normas más urgentes y en la habilitación de derechos sociales a través de un mandato constitucional. El derecho a la educación es la norma más extensa -lo que dice mucho de nuestra historia más reciente-, completa y clara del texto, comprendiendo la profundidad de esta demanda histórica y recurrente de los movimientos estudiantiles y de trabajadoras y trabajadores de la educación. Una norma que habilita un derecho de carácter universal y gratuito, que regula fines y principios, y que mandata al Estado a financiar mediante aportes basales el Sistema Nacional de Educación. Sin duda, este derecho es una norma emblemática, que otorga un sello fundamental a este proyecto constitucional”.
A su juicio, los artículos expuestos en el borrador de la nueva Constitución que describen el derecho, acceso universal y equitativo a la educación, ¿rompen los paradigmas de la educación de mercado?
“La mercantilización de la educación ha sido la máquina de la segregación social en Chile. La desregulación de entidades privadas y su lucrativa multiplicación, ha fraccionado generaciones y profundizado las desigualdades, que hoy, al alero de un nuevo proyecto constitucional, tenemos la posibilidad de revertir.
El nuevo texto entrega orientaciones como la universalidad, el reforzamiento de lo público, la gratuidad, la enunciación de fines, el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de la educación y el deber del Estado frente a la implementación del nuevo sistema, con el que se busca romper la racionalidad mercantil”.
Entendiendo que la nueva Carta Fundamental optó por un sistema de provisión mixto (público-privado), ¿por qué la población podría tener confianza en que habrá un buen sistema de educación pública?
“Es necesario dar lectura integral del texto, idealmente en contraposición con el orden constitucional actual. La Constitución de la dictadura tiene una carga ideológica radical que inmoviliza al Estado con candados contramayoritarios y antidemocráticos, dando rienda suelta a la privatización de todo lo imaginable. La nueva propuesta Constitucional es una vía democrática que rompe los cerrojos, habilitando el potencial estatal mediante su primer artículo, -‘Chile es un Estado social y democrático de derecho…’- y con mandatos claros e ineludibles para dar respuesta a las urgencias populares frente a la nula garantía de derechos sociales, entre otras materias importantes que permitan su realización igualitaria, descentralizada e inclusiva.
La propuesta es contundente, sin embargo, la habilitación e implementación de los poderes constituídos debe estar acompañada de la fuerza popular y de su empuje hacia la transición. Con esto quiero decir que la confianza no puede ser interpretada como pasividad. La confianza no puede descansar en el fetichismo jurídico de que la letra hace la realidad. La confianza debe estar depositada en que el texto entrega las orientaciones correctas y adecuadas hacia un buen sistema de educación pública, pero que su realización dependerá de su vigilancia y de las diversas formas de involucramiento de la población en la instalación y despliegue institucional de las reglas y principios”.
A su juicio, ¿por qué es importante contar con un sistema de educación pública fuerte en sus principios y fines? ¿Qué debe promover una educación pública? ¿Qué pierde un país sin un sistema fuerte de educación pública?
“La nueva Constitución propone que ‘la educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios’. Así mismo define una completa descripción de estos fines: la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional-; y también de sus principios rectores: cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución; complementando este derecho, además, con su carácter no sexista y con un desarrollo de forma contextualizada, el que incluye la pertinencia territorial, cultural y lingüística.
La importancia de los fines y principios radica en perfilar una orientación y delimitar marcos comunes que prefiguran la convivencia futura, ya que sirven de guía para las políticas públicas, leyes y decisiones de la autoridad. Todo ello es especialmente relevante por el uso y abuso de la voz ‘calidad’, que en muchos casos ha servido para interpretar los procesos educativos de un modo economicista, cosificante y deshumanizador”.
¿Qué mensaje dirigiría usted al movimiento social que luchó por una educación pública, gratuita, no sexista y de calidad, en relación con la nueva regulación constitucional? ¿Estas metas se alcanzan o cumplen en el nuevo orden constitucional?
“La lucha por la educación pública tiene un hilo transgeneracional que cobra fuerza en el contexto de revuelta, aperturado por estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la educación y las familias. En definitiva, por todo un movimiento social y popular de la educación. El mensaje que dirigiría no es distinto a lo que ya saben y sabemos quienes formamos parte de el: la nueva Constitución da un salto cualitativo y da orientaciones claras para regenerar un sistema educativo universal y público. Pero eso no significa que todo termina en el momento constituyente. La implementación, los diseños institucionales, y la realización progresiva, será otro capítulo, y la nueva Constitución será una aliada y soporte durante los procesos venideros”.
El borrador de la nueva Constitución prohíbe toda forma de lucro en instituciones públicas educativas y en aquellas privadas que reconozca la ley, Pero, ¿de qué forma se puede garantizar esto en la práctica? ¿Con rendición de cuentas? ¿Con un proyecto educativo claro en sus fines comunes y colectivos?
“La nueva Constitución avanza sustantivamente en reglas, competencias y atribuciones públicas para velar por el uso adecuado y transparente de los recursos públicos, así como principios, órganos y mecanismos que fortalezcan el control democrático y ciudadano de la función pública. El Estado Subsidiario, por su parte, promovía lucrar con la provisión de derechos sociales y siempre fue receloso de las regulaciones que buscaron prohibirlo.
La pregunta que me hacen, tajante en su formulación: ¿de qué forma se puede garantizar en la práctica?, excede y escapa lo que puede determinarse constitucionalmente. Lo importante es que al dejar marcos claros, se establece una prohibición clara. Su despliegue futuro podrá valerse de las herramientas novedosas o que en experiencia comparada se hayan demostrado como eficientes para abordar hipótesis similares”.
¿Qué rol cree que deben jugar las universidades y centros de formación técnica en la nueva institucionalidad que propone el nuevo proyecto constitucional?
“El sistema de educación terciaria en Chile es estadísticamente el más autofinanciado del mundo, lo que implica incentivos perversos para orientar su quehacer hacia fines privados, con tal de obtener el financiamiento que les permita subsistir. En el evento de desplegar el nuevo Sistema Nacional de Educación, velando por su financiamiento basal, el incentivo será inverso y se reorientará hacia la producción de bienes públicos, alineados con los intereses generales del país. El rol inicial, en una primera etapa, será afirmar su institucionalidad y luego coadyuvar, desde lo que le compete, en la realización de los fines en todos sus ámbitos, especialmente económico, democrático y cultural”.
SOBRE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL Y SU LABOR PERSONAL EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
¿Qué norma de las aprobadas le genera más ilusión? ¿Qué votación resultó más emocionante para usted, considerando tanto aquellas demandas de la sociedad chilena como las de un sector o movimiento en particular?
“Sin duda, la aprobación de la norma de derechos sexuales y reproductivos, tanto por su contenido simbólico respecto a la recuperación ‘formal’ de la autonomía sobre nuestros cuerpos, que es el poder de decidir en libertad, así como la consagración de un derecho gravemente vulnerado e incluso perseguido penalmente, como es la interrupción voluntaria del embarazo. Desde las redes feministas, las historias que cargamos son dolorosas, pues el ejercicio de nuestra autonomía ha estado atravesado por el miedo, la culpa y la clandestinidad. Por ello, el haber aprobado esta norma, es un acto de liberación para todas quienes cargamos con esas historias personales o compartidas. Esta votación junto a la norma de derecho a la educación, sin duda, fue la más sentida y emotiva para el pleno.
¿Cuánto cambió usted después de este proceso inédito en la historia de Chile? ¿Podría identificar el surgimiento de alguna nueva convicción o compromiso personal luego de esta experiencia histórica?
“Mi compromiso sigue intacto, tanto con mi comunidad como con las organizaciones territoriales, feministas y socioambientales de la Patagonia Rebelde. Sin duda, no soy la misma que hace un año, y todo lo aprendido tendrá su tiempo de ser compartido, aunque hay aprendizajes que se acuerpan, que son intransferibles. Los caminos que se abren son para transitarlos, y hay una responsabilidad ineludible de seguir propiciando las transformaciones en este nuevo ciclo constituyente. Y eso requiere fortalecer el tejido que extendimos al calor de la revuelta”.
Tras su renuncia de la Lista del Pueblo, ¿qué análisis puede concluir respecto a los motivos que motivaron su salida? ¿Cuál es el balance que usted puede hacer en torno a los hechos que acabaron con dicha lista?
“Son decisiones colectivas tomadas desde mi espacio asambleario. Nuestra Coordinadora Social de Magallanes se articuló con las listas independientes provenientes de movimientos sociales a nivel nacional, las que se formaron en el 2020 luego del plebiscito de entrada y con quienes compartimos encuentros e intercambios programáticos. Por otra parte, la vinculación de nuestra coordinadora con la Lista del Pueblo se da un par de semanas antes de las elecciones de convencionales y tras una reunión donde nos ofrecen difundir nuestra lista en su página web.
Al salir electa, y luego de participar en algunas reuniones de la Lista del Pueblo, desde mi asamblea se estimó insostenible mantener una articulación debido a la estructuración organizativa que se estaba perfilando y a las líneas estratégicas y electorales divergentes a las sostenidas desde nuestro espacio. Desde allí, tomamos la decisión de desvincularnos del espacio y fortalecer la articulación de movimientos sociales dado el trabajo político-programático previo.
Respecto al balance, visto desde fuera, me parece que la Lista del Pueblo fue un proyecto que permitió la irrupción de sectores populares de forma inédita para un órgano de representación política en nuestro país, contribuyendo al carácter plebeyo de esta Asamblea Constituyente y a la diversidad en su génesis. Con ello se posibilitó la creación de un texto verdaderamente representativo del Chile que somos y que queremos ser”.
¿Con qué colectivo trabajó en la Convención? ¿Qué acuerdos impulsados por su colectivo le resultan más satisfactorios? ¿Diría usted que el proyecto de nueva Constitución es fruto de acuerdos que requirieron un alto grado de desprendimiento de los distintos colectivos, o, más bien, cree que hubo un consenso de entrada que facilitó los acuerdos?
“La articulación de listas provenientes de movimientos sociales condicionó, de alguna manera, que nos encontráramos quienes veníamos con experiencia política social-comunitaria dentro de la Convención, consolidando a los pocos días nuestro colectivo político Movimientos Sociales Constituyentes. El trabajo de cruces programáticos nos permitió transversalizar nuestros mandatos colectivos en las distintas comisiones, siendo los logros más significativos los alcanzados en materias de derechos sociales: transversalización del enfoque feminista, perspectiva ecológica y desconcentración del poder en beneficio de los territorios y las comunidades. Esto último se logró gracias a las aperturas democráticas y la nueva forma jurídica de un Estado Regional.
Nunca fue fácil llegar a la norma de los ⅔, sino que esta Constitución, pese a todas las adversidades, es fruto de un inagotable e inquebrantable espíritu de diálogo, de escucha y de búsqueda de consensos”.
¿Cómo describiría la conducta de los sectores que representan a la derecha en la Convención? ¿Contribuyeron al consenso o fueron obstaculizadores permanentes? ¿Hubo una izquierda obstruccionista?
“La derecha está y estuvo muy fragmentada. Hubo sectores dialogantes, con quienes fue posible llegar a acuerdos en algunas materias, pero que actuaron así porque sabían que su futuro y viabilidad política necesitaba refundarse alejada de la sombra de Pinochet y Jaime Guzmán. Sin embargo, también existió un sector de derecha que de principio a fin se dedicó a sabotear el proceso constituyente para defender el orden post-dictatorial actual. En todo caso, el tiempo y las presiones internas propias de su sector y de la derecha económica, hizo que los primeros terminaran siendo arrastrados por este otro grupo, quedando solamente como la versión menos estridente de los segundos.
Particularmente, en la comisión de Forma de Estado, tuvimos una buena experiencia con la derecha regionalista, donde muchas de las normas fueron aprobadas por unanimidad dentro de la comisión. Sobre la izquierda obstruccionista, no sé si ese sería el calificativo. Muchas posiciones que desde fuera se ven como posiciones de extremo o dogmáticas, en realidad eran expresión de un hábito de política testimonial e impotencia y poco tenían que ver con coordenadas de izquierda”.
¿Cómo cree que será recordada la Convención Constituyente?
“Como el órgano más democrático que haya tenido nuestra historia, ojalá el primero de muchos. Será recordado en su diversidad, por su composición plebeya, su pluralidad, por marcar un cambio de época, por tener la primera mujer mapuche que presidió un poder del Estado, por ser el primer órgano paritario y por marcar un precedente histórico a nivel global. Pero, sobre todo, por cumplir su mandato en forma íntegra, allegándonos al mandato popular y siendo una Constitución social y democrática del 22.
Así como la Constitución del 80 será recordada como la cristalización jurídica de la refundación autoritaria del capitalismo, no solo Chileno; la Constitución del 22 será el punto de partida de su desmantelamiento y superación democrática”.
Si la nueva Constitución se aprueba, ¿estima que la sociedad chilena será más igualitaria y democrática? Si su respuesta es positiva, ¿qué normas de la nueva Constitución cree usted que ayudarán para que así sea?
“El cambio de paradigma desde la igualdad formal a la igualdad sustantiva, es un avance democrático que se basa en el reconocimiento de las desigualdades y en la necesidad de tomar acciones positivas en resguardo de los derechos de grupos discriminados. La norma del derecho a la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación, es clave en esta materia, así como las que reconocen a grupos específicos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos, tales como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género, personas neurodivergentes, y el reconocimiento del derecho indígena al alero del reconocimieto de la plurinacionalidad. Estos derechos y reconocimientos son, sin duda, los pilares para la transformación hacia la equidad social.
Ahora, es importante reforzar y precisar, tal como lo he hecho en las preguntas anteriores, cualquier tentación de fetichismo constitucional. De la literalidad de la pregunta, no es que el apruebo haga a la sociedad chilena más igualitaria y democrática. El apruebo demostrará la capacidad y decisión política del pueblo e iniciará un camino en el cual el derecho será nuestro aliado, pero no será el responsable de las transformaciones. Nunca debemos irresponsabilizar al pueblo como sujeto histórico protagonista, porque en nosotros recae el empuje de llevar a cabo las transformaciones”.
Finalmente, ¿qué materia estima quedó pendiente en la nueva Constitución y le gustaría que se incorporara en el futuro?
“Nos habría gustado poder constitucionalizar un órgano a cargo de guiar democráticamente la transición productiva socio-ecológica, que permita trazar planes estratégicos a largo plazo para la transición justa en el marco de una crisis climática sin precedentes. Se ha desestimado su necesidad en esta Convención, pero me parece un tema urgente de abordar, que debe orientar al Estado más allá de los gobiernos de turno”.
