“La educación pública nos da la posibilidad de avanzar, de potenciar el desarrollo integral de las personas, y, por ende, de tener una sociedad más justa, viva y saludable. La educación pública debe ser la columna vertebral de un Estado, pues en ella se materializa la noción de la sociedad que buscamos ser”.
El pasado 14 de mayo se presentó el borrador oficial de la nueva Constitución, hecho histórico para Chile pues es primera vez que una Convención Constitucional, integrada por 154 miembros, redacta la carta magna del país. Uno de los temas principales de dicho texto es la Educación, entendiendo este concepto como un derecho básico, sin fines de lucro y permanente para todas las personas, a su vez que es un deber primordial e ineludible del Estado.
De esta tema, de la importancia de la educación pública y las consecuencias del sistema educativo de mercado, así como también de los principios y fines en torno a la educación en la nueva Constitución; conversamos con la convencional constitucionalista, Lorena Céspedes.
Lorena Céspedes Fernández pertenece al colectivo Independientes no Neutrales y es profesora de física y ciencia desde el año 1999. Fue elegida democráticamente como convencional constituyente en el plebiscito pasado y, actualmente, es parte de la Comisión de Normas Transitorias de la Convención.
Revisa a continuación el análisis que realiza Lorena Céspedes en torno a la educación en la nueva Constitución:
EDUCACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
A su juicio, los artículos expuestos en el borrador de la nueva Constitución que describen el derecho y acceso universal y equitativo a la educación, ¿rompen los paradigmas de la educación de mercado?
“Sin duda, hemos ido avanzando paulatinamente para trasladar esa noción -en referencia a la educación de mercado- a una mucho más social, considerando dentro de esta transformación las reformas que fueron motivadas por las manifestaciones estudiantiles, como la Ley de Inclusión, la modificación a la Ley General de Educación (LGE), la ley que crea los servicios locales, entre otras; hasta el borrador de la nueva Constitución, donde el foco está puesto en la colaboración y no en la competencia entre establecimientos. Recordemos los famosos semáforos de hace un tiempo atrás, que buscaban clasificar a los colegios en un especie de ranking. Justamente esa mirada se termina con esta nueva propuesta normativa -en referencia al borrador de la nueva Constitución-.
Recordemos que, dentro de los principios de la educación expuestos en el borrador de la nueva Constitución, la cooperación es uno de ellos, tanto intra como fuera de aula. Asimismo, el Sistema Nacional de Educación que se propone en la nueva Constitución busca la colaboración entre sistemas educativos, lo que supone establecer puentes y espacios de diálogo en red para la mejora de los procesos educativos.
El describir expresamente el rol individual de la educación pero también su rol social, nos hace ver que el paradigma cambia, que se modifica al entregarle ese fin orientador de la sociedad y del desarrollo del país. Por otro lado, el establecer la educación a lo largo de la vida, definiendo sus fines para todos los niveles, permite dar una estructura general que abarca desde la educación inicial a la superior o posterior”.
Las nuevas propuestas en torno a los fines y propósitos de la educación, las que seguramente serán promulgadas en la nueva Constitución, ¿reconstruyen y levantan un proyecto fuerte de educación pública? ¿Por qué?
“Evidentemente, sí. Los fines y principios que proponemos en la nueva Constitución en torno a la educación pública, son las normas que buscan modificar el cómo entendemos hoy este concepto, consagrando el derecho a la educación como un proceso a lo largo de la vida, permanente y con una definición muy clara: la educación es habilitante de otros derechos, posibilitando con esa visión el desarrollo del país.
Además, la educación en la nueva Constitución se enmarca desde dos aristas principales. Una es la social, que busca la convivencia democrática, la construcción del bien común y la justicia social, entendiendo esto último como una nueva forma de relación interpersonal que valora los derechos humanos y la naturaleza, y que busca solucionar la convivencia con nuestro entorno desde las bases de la educación. Y la otra arista es la individual, que busca el desarrollo integral de la persona, la adquisición de conocimientos y el reconocimiento de las dimensiones cognitivas, tanto físicas, sociales como emocionales. Esta visión entiende al ser humano como un ser imbricado, en donde todas estas dimensiones son factores que impactan en el aprendizaje. Estas dos aristas siempre están al servicio de la sociedad y de un Estado social y democrático de derecho.
Por su parte, los principios de la educación en la nueva Constitución establecen un paraguas en la consecución de esos fines. Ejemplo de ello son los pilares de la educación expuestos en esta nueva normativa -en referencia al borrador de la nueva Constitución-, en donde se consagran los siguientes principios: la cooperación, no discriminación e inclusión, que sin duda valoran la diversidad de las personas, desde la discapacidad a la expresión de género y las múltiples aristas de aquellos y aquellas en riesgo de exclusión. También, la justicia, considerando que este concepto debe ser parte del cómo materializamos la relación social; y la participación, el que además se consagra con un artículo especial y que viene a cambiar el cómo concebimos las relaciones dentro de las comunidades educativas. Asimismo, la solidaridad, que busca desde la fraternidad el apoyo entre pares e instituciones; la interculturalidad, considerando este principio como el respeto de las diversas culturas que existen a lo largo del pais; así como también el pluralismo, tanto en sus proyectos educativos como en las manifestaciones individuales y colectivas; y el enfoque de género que abraza y busca respetar a cada integrante de las comunidades educativas y, por ende, a la sociedad”.
El borrador de la nueva Constitución prohíbe toda forma de lucro en instituciones públicas educativas y en aquellas privadas que reconozca la ley, considerando todos los niveles de la educación en Chile: básica, media, superior y posterior. Pero, ¿de qué forma se puede garantizar esto en la práctica? ¿Con rendición de cuentas? ¿Con un proyecto educativo claro en sus fines comunes y colectivos?
“Primero, es relevante señalar que actualmente existen instituciones privadas reconocidas por ley que no persiguen fines de lucro, y que funcionan correctamente. Por ende, creemos que, para poder proveer este derecho tan relevante para el país y que tiene fines y principios tan establecidos, no se piense, equivocadamente, que el abrir escuelas privadas será un negocio de inmediato, sobretodo considerando que en aquellos proyectos educativos se atiende a estudiantes, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, a quienes además se les garantiza la educación como un derecho básico.
Esto ha funcionado entendiendo que tienen la posibilidad de gestionar proyectos educativos diversos, donde toda institución necesita establecer sus fines, misión, visión y lineamientos como proyecto educativo. Todo ello va de la mano con una regulación potente y con un acompañamiento y colaboración del Estado cuando sea necesario, para que sean parte activa del Sistema Nacional de Educación
Ya se ha transitado con esta figura en la educación superior y escolar, así como también en los establecimientos particulares subvencionados, y ha resultado efectivo”.
En la práctica, y a su juicio, ¿cuál es la mejor fórmula para garantizar una participación democrática de todos los integrantes de una comunidad educativa, considerando las definiciones del proyecto educativo y las decisiones de cada establecimiento?
“Siendo profesora, he visto que tenemos varios niveles donde la participación es importante. Primero, intra aula, considerando que quienes integran este sector son una muestra de la sociedad. En este caso en particular, los estudiantes pueden participar de las decisiones que permitan gestionar su propio aprendizaje, además de garantizar su involucramiento a través de distintas orgánicas como la conformación de centros de estudiantes y apoderados y/o consejos escolares.
También es importante robustecer la participación de profesores en las decisiones pedagógicas de los establecimientos. Hoy vemos que los consejos de profesores muchas veces son meramente informativos, sin embargo, como escuela se pueden hacer consultas frente a decisiones importantes, ocupando instancias como foros, debates, consejos, etc., que permitan que todos permanezcan involucrados en las decisiones para impactar colaborativamente en el objetivo del establecimiento.
Como segundo punto está la participación extra escuela, que puede darse con las redes entre colegios y en las comunidades locales a través de actividades de formación. En este punto es importante entender que las escuelas están vivas y que son parte del entramado social, ya que debemos comprender a los colegios como espacios abiertos para las personas cercanas a ellas y considerar a estas entidades como un lugar de encuentro.
Ahora, en referencia a los niveles regionales y nacionales, debemos considerar los mecanismos de participación de la democracia directa, los que se establecen en la nueva Constitución. Estas formas hacen referencia a instancias como los plebiscitos, mesas de trabajo e incidencia en las decisiones para abrir, cerrar e innovar en las direcciones que toman los proyectos educativos”.
EDUCACIÓN DE MERCADO
¿Cuáles han sido las consecuencias de la implementación del modelo de mercado, competencia y privatización educativa?
“La principal consecuencia ha sido tener un sistema de educación muy desigual, con falta de equidad y justicia. En definitiva, un sistema de educación pública muy precarizado. Si bien se han hecho esfuerzos estos últimos años por nivelar dicha situación, el sistema público sigue estando en desmedro frente a la educación privada, lo que evidentemente impacta en el aprendizaje de sus estudiantes, perpetuando a su vez la lógica que señala que dependiendo de la billetera de nuestros padres se puede optar a una mejor educación. Esto, lo único que hace, es multiplicar la desigualdad sistemática.
He tenido la posibilidad de trabajar en varios tipos de establecimientos, además de observar cómo estudiantes con similares características y las mismas motivaciones por estudiar, tienen resultados diametralmente distintos. Un estudiante de un particular pagado tiene mayores posibilidades de optar a universidades emblemáticas, como la Universidad de Chile por ejemplo; mientras que un estudiante de un colegio o escuela municipal, a pesar de tener habilidades similares, ingresa principalmente a universidades privadas adscritas a la gratuidad. Es más, muchas veces dichos estudiantes -en referencia a aquellos que estudiaron en colegios o escuelas municipales- no quedan en las universidades. Esto, sin duda, es un problema, porque reduce la movilidad social de las personas y los obliga a una forma de vida que depende directamente del lugar de origen”.
¿Qué pierde un país sin un sistema fuerte de educación pública?
“La educación pública nos da la posibilidad de avanzar, de potenciar el desarrollo integral de las personas, y, por ende, de tener una sociedad más justa, viva y saludable. La educación pública debe ser la columna vertebral de un Estado, pues en ella se materializa la noción de la sociedad que buscamos ser. Un sistema de educación pública robusto permite demostrar una sociedad consolidada, con metas claras, democrática y solidaria. Por ello, en la nueva Constitución establecimos que la educación pública es y debe ser siempre el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación, que busca llegar a todos los rincones del país para proveer de este derecho a todas y todos los chilenos”.
INDEPENDIENTES NO NEUTRALES
Dada su pertenencia al colectivo Independientes no Neutrales, ¿cómo caracterizaría el desempeño de su colectivo en relación con sus vínculos en la Convención? ¿Operó principalmente con los sectores de derecha, con el centro, con otros independientes o con quién?
“Nosotros como colectivo de personas independientes, hemos buscado hablar con todos los sectores políticos que estén dispuestos a conversar. Personalmente, he hecho todo lo posible para que este proceso sea lo mejor para nuestro país. He hablado con sectores y personas en un amplio espectro político, desde la derecha hasta la izquierda. Sin duda, uno tiene más afinidad con unos que con otros, políticamente hablando, pero nuestro mandato es poder escribir una Constitución de alto consenso, y para ello se requiere hablar con todos y todas”.
¿Qué aspectos de la propuesta normativa generan más adhesión en su colectivo y cuáles más desafección?
“No puedo hablar por mi colectivo completamente, pero indudablemente lo que genera más adhesión es la superación del Estado subsidiario. Esto crea un gran consenso y muchas esperanzas en torno al futuro, tanto para nosotros como colectivo y para quienes integramos la Convención.
Creemos que un Estado social y democrático de derecho es el camino correcto por el cual debemos transitar, para así asegurarle a la población la consecución de derechos sociales básicos y de los cuales se les ha privado a muchos durante los últimos años.
Respecto de aquellas normas que generan desafección en el colectivo, no podría hablar por todas mis compañeras y compañeros, pero indudablemente hay ciertas normas que nos gustaría hubieran quedado de otra manera. Vemos ciertos defectos que esperamos puedan resolverse en la etapa de armonización, como, por ejemplo, qué pasa con la posibilidad de obtener la nacionalidad para extranjeros vía carta de nacionalización, entre otras”.
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
¿Está conforme con el mecanismo de la paridad? ¿Estima que las mujeres aportaron con su mirada, valores e intereses? ¿En qué discusión cree usted que se manifestó la diferencia más sustantiva respecto a los enfoques de género?
“Sin duda, es importante establecer la paridad, porque como mujeres hemos estado muchas veces un paso atrás frente a los hombres, pero en esta Convención pudimos ver que las mujeres tenemos liderazgos fuertes, comprometidos y flexibles. No por nada tuvimos dos presidentas de la Convención, por ende, la visión de las mujeres en su amplio sentido fue y es fundamental para poder avanzar con una mirada integradora”.
Del hecho que un colectivo o una persona discrepe de varias regulaciones, se puede concluir que dicho individuo podría rechazar el texto constitucional ¿Qué recomendaría usted al respecto para tomar una buena decisión sobre aprobar o rechazar?
“Creo que no es bueno partir con esa aseveración. Confío en que las personas pueden tomar decisiones considerando el amplio marco de normativas. A nadie le gustará la totalidad de las nuevas normativas, pero así es la democracia. La democracia es la búsqueda de consensos y de acuerdos, y es aquello que está por sobre el interés personal. La democracia mira al país como un todo y entiende que la sociedad busca mejorar constantemente sus condiciones de vida. Esta nueva Constitución nos da esa mirada, y, a mi juicio, responde a las demandas que tiene la ciudadanía en general.
En este proceso existe el sentido de la flexibilidad, que permitirá modificar los elementos que no sean correctos. Pero esto va más allá de discrepar políticamente o no con algo, sino que tiene que ver con qué es mejor para el país y no solo para unos pocos. Es cambiar la perspectiva y pensar que esta Constitución nos permite avanzar.
Sugiero escuchar a los expertos y no dejarse llevar solo por el argumento de que este texto constitucional es más largo o corto que el anterior. Lo Importante es el contenido y lo que esta nueva Constitución implica en nuestras vidas, tanto a mediano como a largo plazo.
Finalmente, creo que los mecanismos de democracia directa nos dotarán de un ejercicio de aprendizaje constante, que nos llevará a transformarnos en una sociedad más educada cívicamente. Es algo que se irá dando naturalmente, y, con ello, se fortalecerá el desarrollo ciudadano de cada uno de nosotros”.
Tras la presentación del borrador de la nueva Constitución, ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso convencional constitucionalista, sobre todo los que tienen que ver con materias educativas?
“Ahora estamos trabajando en las normas transitorias y en el proceso de armonización y preámbulo. Creo que en lo que a mi respecta, ya que soy parte de la Comisión de Normas Transitorias, es poder generar normas que permitan hacer dialogar la actual legislación con la nueva. Ahora bien, puedo señalar que dialogan bastante bien con las reformas que ya se han hecho, pero sí creemos pertinente presentar una disposición transitoria sobre el financiamiento en la educación para otorgar seguridad jurídica a las personas. Sin duda, los cambios son urgentes pero también deben ser paulatinos”.
Finalmente, ¿qué materia estima quedó pendiente y le gustaría que se incorporara en el futuro?
“Creo que el derecho a migrar. Esta es una materia que no se pudo consagrar, porque la mirada se concentró más en la actual situación migratoria del país y no en una visión a lo largo del tiempo. Estamos en un mundo convulsionado y móvil, que requiere de una regulación potente en temas migratorios, con una perspectiva de derechos humanos y que dé certezas a las personas”.
