Semanario Aula Magna, a propósito de la crisis política del Perú, entrevistó a quien fuera candidato a la presidencia del país hermano, Yonhy Lescano Ancieta, Abogado, magister, profesor universitario y político peruano, quien criticó duramente al gobierno de la presidenta Boluarte, al Tribunal Constitucional del Perú por el caso Fujimori, así como la propuesta de retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
¿Como se describe desde Acción Popular y desde su propia perspectiva la actual situación política del Perú?
El jueves de la semana pasada tomé la difícil decisión, después de 22 años y después de haber sido representante de la región de Puno y de la capital de la república Lima en cuatro gestiones; y además de haber sido candidato a la Presidencia de la República del Perú, de renunciar a la militancia del partido político Acción Popular que fundara el 2 veces primer mandatario de la nación don Fernando Belaunde Terry. Las circunstancias actuales y hechos que fueron sucediendo desde hace cinco años atrás, me obligaron a retirarme del partido cuya ideología se basa en las tradiciones e historia del Perú y por el cual trabajé para que constituya una opción para construir el Perú. Las sucesivas representaciones parlamentarias fallidas en el Congreso de la República que constantemente se desviaron de nuestra práctica política, una dirigencia que abandonó los principios de la organización y actos infraternos en mi contra, finalmente ocasionaron mi retiro de las filas acciopopulistas.
Por lo tanto, daré mi propia perspectiva de lo que ocurre en mi país. Obviamente estamos en una crisis política muy severa que se inició con la gestión del ex Presidente Pedro Castillo, pero, que se ha ahondado en la de la actual Presidenta Dina Boluarte, dado que desde el inicio de su gestión la actual mandataria no fue leal con quien la llevó al poder; se unió con los adversarios políticos de manera grosera; y en su Gobierno han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, ya que en pocos días, desde el mes de enero del 2023, tiene en su haber más de cincuenta peruanos fallecidos en protestas sociales, hechos que actualmente y con las investigaciones en curso, apuntan en el uso de armas de guerra con conocimiento no solo de la presidenta sino de su primer ministro, de los ministros de defensa y del interior; así aparece de las primeras diligencias fiscales realizadas.
A esta situación de crisis abonó el Congreso de la República, dado que para mantener el poder y así evitar procesos que sancionen las muertes de los peruanos, la señora Boluarte y su gabinete han efectuado una alianza con los partidos de extrema derecha, que los fiscales califican como organizaciones criminales, y que eran opositores intolerantes del ex presidente Castillo, quien cometió el grave error de pronunciar un discurso el 7 de diciembre del 2022 que provocó su caída y su reclusión hasta la fecha.
Actualmente la Presidenta y el Congreso tienen una ínfima aprobación, razón por la cual la crisis política es muy grave y repercute negativamente en la situación económica y en una intranquilidad social muy evidente. Por mucho menos, Ecuador y España adelantaron elecciones generales.
¿En qué posición se encuentra en relación con el actual gobierno del Perú?
Mi posición frente al actual gobierno siempre fue y es de oposición total, dado que no es un interlocutor válido frente al pueblo. La señora Boluarte no puede efectuar actos públicos, dado que es rechazada en forma constante, especialmente por las muertes ocasionadas, sin que haya efectuado una mea culpa ni haya procedido a exigir se efectúen las investigaciones con rapidez, obviamente, porque ella se encuentra comprometida.
El Congreso se encuentra en una situación muy similar de rechazo.
En cuanto se refiere a mi ex partido Acción Popular, como dije, se ha convertido en furgón de cola del ejecutivo y de quienes dominan el Congreso, papel que históricamente es contrario a nuestra práctica política, dado que nunca estuvimos cercanos al fujimorismo y a sus satélites, como son Avanza País de Hernando de Soto (asesor de la señora Fujimori en algún momento); ni a Renovación Popular del excéntrico e inepto Rafael Aliaga, alcalde de Lima. Ahora estas organizaciones “pragmáticas”, sin ideología, están aliadas con César Acuña de Alianza para el Progreso, personaje sin mayor conocimiento político y que sustenta su participación con el dinero que utiliza de sus universidades. Para cerrar el círculo la llamada izquierda Cerronista, que dirige Vladimir Cerrón, personaje que se encuentra fugado por actos de corrupción, igualmente es aliado de estos grupos que están llevando a cabo un triste papel en el escenario político nacional, aprobando leyes que constituyen una contrarreforma en varias políticas de Estado, como es el sistema electoral, educativo y la lucha contra la corrupción.
¿Qué opinión le merece la liberación del ex presidente Alberto Fujimori? ¿Tiene un juicio político sobre el fallo del Tribunal Constitucional?
La liberación del expresidente y dictador Alberto Fujimori es totalmente contraria a las normas internacionales, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que debe cumplir con determinados requisitos, los cuales no han sido satisfechos, entre ellos pedir perdón a los herederos de las víctimas y pagar la reparación civil que suma mas de 40 millones de soles; sin embargo, desacatando tal resolución el Tribunal Constitucional dictó un auto que convalidó un indulto que se consiguió en base a compra de votos en el entonces Congreso y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En efecto, un grupo de parlamentarios encabezados por Kenyi Fujimori consiguieron el beneficio indebido, hechos que se encuentran sometidos a un proceso penal. A todas luces la resolución del mencionado tribunal es ilegal y viola las normas supranacionales; pero, además, coloca al Perú en una situación incómoda frente a la comunidad internacional porque se ha actuado como Nicaragua y Venezuela que han incurrido en los mismos desacatos de resoluciones de la CIDH. Esto causa desconfianza para las inversiones y los tratados en diferentes materias que pueda mantener o suscribir el Perú.
El tribunal Constitucional más que utilizar argumentos jurídicos ha actuado políticamente, dado que no es ajeno a la opinión pública, que varios de los magistrados tienen una simpatía por el fujimorismo y la línea que representa, incluso uno de los magistrados adelantó opinión sobre la libertad de Fujimori en un informe que realizó antes que fuera nombrado por el Congreso como magistrado del Tribunal Constitucional. En ese entender, el fallo tiene un contenido altamente político y de manera parcializada a favor de Fujimori.
Circula en los medios de prensa que se nombró hace muy pocos días la Comisión Parlamentaria que evaluará el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo los pasos de Venezuela y Trinidad y Tobago ¿Cuál es su opinión como abogado y político? ¿no se trata de una medida propia de regímenes autoritarios? Ortega denunció incluso la Carta de la OEA, ¿no temen seguir ese mismo camino?
El Congreso en el Perú se ha convertido en un poder del Estado de impulso y defensa de intereses subalternos, solo hay que leer las últimas leyes aprobadas que debilita la ley de elecciones, las normas de lucha contra la corrupción, puesto que se ha aprobado disposiciones legales para que la prescripción favorezca a delincuentes de cuello y corbata; a través de delegación de facultades del Congreso, el Ejecutivo permite que los sentenciados con penas de 10 años, puedan cumplir la condena en libertad y con grilletes electrónicos; se ha dictado una nueva ley de “protección” forestal para depredar la Amazonía por los grupos económicos que muchos son informales y que incurren en tala ilegal y en otros delitos.
Conforme a estos precedentes legislativos, de manera temeraria se ha constituido una comisión a fin de impulsar el retiro del Perú de la CIDH, propuesta que los grupos que dominan el Congreso repiten constantemente a través de improvisados legisladores que no tienen noción del tema, o que contradictoriamente cuando Pedro Castillo era Presidente del Perú, recurrieron a la OEA para lograr sus objetivos privados y por lo tanto contrarios a los intereses nacionales y a los derechos humanos.
El solo hecho de designar esta comisión para intentar renunciar el Pacto de San José y por tanto a la CIDH, maltrata la Democracia y el Estado de Derecho que debe ser técnica y seriamente construido, acorde con las necesidades del país y sobre todo con las tendencias para proteger a los ciudadanos de gobiernos dictatoriales. En este sentido, el Perú se encuentra en peligro de ingresar a este grupo de países que no reparan en imponer dictaduras y desconocer la democracia, lo cual sería un perjuicio muy grande en todo sentido. Este es un punto de vista personal y acorde con la ideología de Acción Popular, porque la actual bancada de dicho partido desconociendo esta posición se ha unido a los grupos que impulsan este despropósito de dejar la CIDH. Por eso también mi renuncia a esta organización que está siendo destruida después de 67 años de fundación.
¿Se ha señalado que el objetivo tendría que ver con restaurar la pena de muerte, sin embargo, el retiro tendrá un impacto muy negativo sobre los derechos humanos de las peruanas y peruanos, qué se ha debatido al respecto?
Mi percepción es que la instauración de la pena de muerte en el país, es un pretexto para el gobierno, su aliado el Congreso y grupos de ultra derecha, todos investigados por corrupción, dado que ellos solo pretenden mantener el poder y que nadie los cuestione jurídica ni políticamente, es más, están preparando el camino para tomar el poder el año 2026 a través de fraudes y otras estrategias. Por eso ahora usan el Ejecutivo, el Parlamento, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y además usaban el Ministerio Público. Obviamente, también cuentan con algunos jueces que son sus incondicionales.
El discurso para restaurar pena de muerte es con el fin de conseguir la aprobación de la población, así lo hacía Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos; puesto que ante el incremento de la delincuencia de los robos callejeros, el sicariato, el secuestro, las violaciones de niñas y muchas veces las muertes de las mismas, la solución que proponen estas organizaciones es la pena de muerte, la misma que conforme a la realidad y las estadísticas no sirve para disminuir los actos delincuenciales graves que se ha mencionado. La solución va por otras medidas para disminuir el crimen, pero eso no les importa, sorprenden a la población, utilizan su indignación para pretenden mantenerse el poder.
Obviamente eso supone una afectación a los derechos humanos, no solo porque Perú quedaría fuera de la CIDH, sino constituye un despropósito acompañado de un sistema de justicia muy venido a menos en el Perú, tal como se prueba con las investigaciones de los fiscales anti corrupción que han determinado que la cabeza de su institución, vale decir la mismísima Fiscal de la Nación es cabeza de una organización criminal, y que su hermana , jueza del Poder Judicial vendía sentencias a favor de narcotraficantes; amén de Hinostroza el famoso juez supremo que licitaba sentencias en caso de violaciones de menores, fugado en Europa y que con muchas evidencias era aliado del Fujimorismo y de su otro furgón de cola el partido Aprista encabezado en algún momento por el tristemente recordado Alan García Pérez, procesado y que terminó muerto por mano propia, hecho que para algunos está en duda, por la forma como sucedieron los hechos, por lo que consideran que se produjo una fuga camuflada por un suicidio. El tiempo lo dirá.
¿Dada la situación de inestabilidad política del Perú, cree usted que resulta oportuno privar a la población peruana de la protección que presta la Corte Interamericana?
Yo soy un firme convencido que las instancias internacionales como la CIDH, la Corte Penal Internacional y otros organismos, cautelan los derechos de los ciudadanos de los abusos del poder político en cada una de las naciones, no es novedad, las violaciones del derecho a la vida, libertad, integridad física, integridad sexual y otros derechos por parte de gobiernos en todos los continentes, en unos más que en otros. El Perú no es una excepción, por esta razón ahora y en el futuro, con la globalización, los países se ponen de acuerdo para crear organismos que coadyuven a lograr el bienestar de las personas, ese es el objetivo; por tanto, lo que sucede en el Perú, al pretender organizaciones políticas de ultra derecha (si así se les puede llamar porque los fiscales las relacionan con el delito) es desconocer este beneficio, a cambio de conseguir poder y satisfacer sus necesidades subalternas y muchas veces ilegales. Ante esto, la única manera de lograr rectificaciones mínimas es la presión social democrática, para un adelanto de elecciones y tener un gobierno y un congreso con un mínimo estándar democrático y aceptación. -
