“Una de las materias en que hemos trabajado en conjunto con el Gobierno, es la implementación de la Ley 21.369 sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior. Complementariamente a lo anterior, la Comisión ha conformado una mesa para entregar orientaciones a las instituciones para aplicar el Criterio 7, para universidades, y Criterio 9, para institutos profesionales y centros de formación técnica, sobre gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión”.
Una mirada crítica y en perspectiva es la que entrega el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Andrés Bernasconi Ramírez, en la conversación que mantuvo con el equipo periodístico de Aula Magna. Temáticas como la implementación de los nuevos criterios y estándares para los procesos de acreditación (que comenzarán a regir en octubre de 2023), desafíos en el área técnico profesional y de cara al próximo año, así como los focos de trabajo y articulación que mantiene la Comisión con el Gobierno y el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas (CRUCh), entre otras importantes alusiones a la contingencia, son parte de esta entrevista que podrás revisar a continuación.
ACTUAL MODELO DE ACREDITACIÓN
¿Cuál es su análisis respecto del actual modelo de acreditación? A su juicio, ¿merece una revisión que incorpore aspectos de la realidad nacional? ¿Qué cambios aplicaría a este modelo? ¿Qué puntos se pueden fortalecer?
El modelo de acreditación experimentó un cambio muy sustancial con la reforma de 2018. La acreditación institucional pasó a ser obligatoria, al igual que la acreditación de los doctorados y de las carreras de medicina, odontología y pedagogías (aunque estas últimas eran de acreditación obligatoria desde el 2016).
Por otro lado, la acreditación institucional ya no va a ser por áreas obligatorias y voluntarias, sino que integral, lo que conlleva la evaluación de todas las dimensiones del quehacer de la institución, incluyendo la Vinculación con el Medio como obligatoria desde el 2025, y la Investigación, Creación o Innovación para las instituciones que opten a acreditación máxima. A ello se agrega la evaluación de una muestra intencionada de carreras y programas como parte de la acreditación institucional.
Es todavía muy temprano para evaluar la eficacia de este nuevo modelo. Sin duda, es más exigente que el modelo que le precedió, y podría decirse que en este sentido recoge y acompaña la evolución del sistema hacia mayores resultados de calidad. Dado que los criterios y estándares deben revisarse por la CNA cada cinco años, puede concluirse que el nuevo modelo tiene un sistema de ajuste a la realidad del sistema que no requiere de reforma legal.
En suma, antes de formular una evaluación global del nuevo modelo, parece prudente esperar al menos a la experiencia de la aplicación de los nuevos criterios y estándares”.
¿Qué relevancia tiene en el modelo actual los indicadores que miden la Calidad e Investigación de la Docencia? ¿Podría sostenerse que ambas áreas (Docencia e Investigación) son igual de relevantes para el modelo?
“En mi apreciación, la Docencia y la Investigación, Creación o Innovación son igualmente relevantes a la hora de formular un juicio global sobre la calidad de una institución. Con todo, el desarrollo de la función de investigación en el ámbito institucional, está planteada en la ley como un elemento asociado a la acreditación de la más alta excelencia. Entonces, si bien la ley exige de todas las instituciones de educación superior avanzar hacia un desarrollo de la dimensión de Investigación, Creación, o Innovación, el legislador parece haber previsto que el logro de la excelencia en esta dimensión es un proceso que requiere en Chile aún de alguna maduración.
Por otro lado, si la pregunta se refiere a cómo la Investigación, la Creación o la Innovación aportan a la Docencia, cabe resaltar que los nuevos criterios y estándares plantean a las instituciones el desafío de avanzar en esta dirección. Por ejemplo, un estándar en el Criterio 14 de universidades sobre “Resultados de la Investigación, Creación o Innovación”, dispone que “Existen mecanismos para analizar, evaluar y fomentar, de manera sistemática, la contribución de las actividades de Investigación, Creación y/o Innovación a la formación de las y los estudiantes en todos los niveles”. Una norma equivalente existe para la formación técnico profesional en el Criterio 16”.
ACTUALIDAD Y CONTINGENCIA
¿En qué etapa va la implementación de los nuevos criterios y estándares para los procesos de acreditación?
“Los nuevos criterios y estándares para la acreditación institucional de universidades y de instituciones de formación técnico profesional, de programas de pedagogía, medicina, odontología, especialidades de la salud, magister y doctorado; fueron aprobados y publicados en septiembre de 2021 y entrarán a regir el 1° de octubre de 2023.
Durante este período, la Comisión ha preparado y presentado en consulta a las instituciones del sistema, orientaciones para la implementación de los nuevos criterios y estándares en materia de acreditación institucional, que consisten esencialmente en una guía para la autoevaluación y un glosario de algunos términos relevantes que forman parte del documento de Criterios y Estándares.
En paralelo, hemos estado trabajando en orientaciones para la aplicación de los criterios y estándares relativos a programas de pregrado y posgrado, que esperamos presentar a la comunidad durante el curso de este mes para recibir su retroalimentación. Una vez que sean oficialmente aprobadas estas orientaciones, comenzaremos a trabajar en los lineamientos que se aplicarán para el trabajo de los pares evaluadores, que incluyen la capacitación de ellos para trabajar con el nuevo marco evaluativo”.
¿En qué materias se encuentra trabajando la Comisión con el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric y el Ministerio de Educación? ¿Existe una articulación clara de trabajo y diálogo que permita implementar mejoras y actualizaciones?
“El Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), donde participan la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, con reuniones mensuales, es un fructífero espacio de diálogo y colaboración.
Una de las materias en que hemos trabajado en conjunto, es la implementación de la Ley 21.369 sobre acoso sexual y violencia y discriminación de género en la educación superior. Complementariamente a lo anterior, la CNA ha conformado una mesa para entregar orientaciones a las instituciones para aplicar el Criterio 7, para universidades, y Criterio 9, para institutos profesionales y centros de formación técnica, sobre gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. Esta mesa, encabezada por la vicepresidenta de la CNA, Érika Castillo, está integrada por representantes de la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y expertas y expertos del mundo académico y de organismos internacionales”.
¿Cuáles son los ejes de trabajo que la Comisión mantiene con el Consejo de Rectores?
“Este año, el eje del trabajo con el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas (CRUCh), ha estado puesto en asegurar que todos los programas de posgrado en proceso de acreditación tengan una decisión por parte de la Comisión con anterioridad a la fecha del cierre de los concursos de becas de la ANID. Esto representa un desafío para la CNA debido al continuo aumento de programas de magíster y especialidades de la salud que ingresan a acreditación por primera vez, sumado al efecto de la pandemia en procesos de acreditación que vienen del año pasado.
Hemos dispuesto modificaciones a los procesos de evaluación de posgrado que les darán mayor celeridad, además de invitar a todas las universidades, dentro y fuera del CRUCh, que tienen programas en esta situación, a sumarse a la estrategia para acortar los plazos de evaluación, recibiendo una muy buena respuesta de parte de las instituciones involucradas”.
¿Qué implicaciones o consecuencias tuvo el hackeo informático que sufrió la Comisión el viernes 30 de septiembre? ¿Qué análisis realizaría respecto a las causas de este hecho, sobre todo considerando que los hackeos informáticos se han repetido en varias entidades gubernamentales durante las últimas semanas?
“La Comisión siguió los protocolos de protección de datos, información al Ministerio del Interior, y denuncia al Ministerio Público previstos para estas contingencias. Además de la publicación de archivos administrativos de funcionarios de la Comisión, el ataque informático causó la pérdida de unos dos meses de trabajo almacenados en los servidores de la Comisión.
Estimamos que la CNA no fue un objetivo deliberado, sino una más de muchas organizaciones cuyos sistemas fueron interferidos en un ataque más bien indiscriminado a cualquier sistema que presentase vulnerabilidades.
Nosotros hemos reforzado nuestros equipos y protocolos de seguridad informática, pero la escala de la afectación a los servicios públicos chilenos que hemos visto recientemente sugiere que la protección de nuestros activos informáticos no puede depender de lo que cada servicio haga por sus propios medios, sino de una coordinación y apoyos de nivel nacional”.
¿En qué etapa o procedimiento se encuentra la investigación por parte de Contraloría que indaga ciertas irregularidades en el proceso de acreditación de tres instituciones de educación superior: Universidad Inacap, CFT Santo Tomás y el IP IACC? Ustedes, como Comisión, señalaron en el portal Emol que los procedimientos de acreditación cuestionados se ajustaron a los parámetros vigentes a esa fecha, ¿siguen manteniendo dicha postura o creen que otros factores determinaron los procesos de acreditación de estas tres entidades?
“Estamos adoptando las medidas requeridas por la Contraloría General de la República para subsanar las observaciones que nos han formulado, dentro del plazo de 60 días hábiles que tenemos para hacerlo.
Sobre la acreditación de las tres instituciones cuyos procedimientos fueron revisados en esta auditoría, reiteramos que la cuestión del uso compartido de recursos entre dos o más instituciones fue entonces, y sigue siendo hoy, un aspecto muy central en la evaluación institucional, de tal manera que dicha situación fue abordada en los informes de autoevaluación de las instituciones, en las visitas de pares evaluadores, en los informes de éstos a la Comisión, en las relatorías del presidente de la comisión de pares a la CNA, en la deliberación de la Comisión, y en sus decisiones expresadas en los acuerdos y resoluciones respectivas. La comunidad puede, entonces, estar tranquila de que las acreditaciones de la Universidad Inacap, el CFT Santo Tomás y el IP IACC se ajustaron plenamente a los criterios de evaluación aplicables a ellas, considerando y ponderando el uso compartido de recursos cuando ello existió”.
¿Cuál es su evaluación de la ley de universidades estatales, considerando que se promulgó para responder a las demandas del movimiento universitario?
“También aquí es prematuro formular un juicio. Los efectos de los nuevos estatutos de las universidades estatales, que constituyen una pieza muy importante del nuevo marco legal, recién podrán observarse en algunos años más. Otro tanto ocurre con otras disposiciones de la Ley 21.094, en materia, por ejemplo, de colaboración interinstitucional”.
DESAFÍOS
¿Cuáles son los desafíos que la Comisión podría enfrentar durante el 2023?
“Esperamos, para fines de este año y el primer semestre del próximo, superar los retrasos en procedimientos que vienen de la pandemia, durante la cual las visitas de pares estuvieron suspendidas por largo tiempo. Ello permitirá a la Comisión concluir un trabajo que comenzó este año para revisar los procedimientos de acreditación con miras a hacerlos más eficientes y eficaces. En 2023, por tanto, deberíamos tener novedades en esta materia.
Al mismo tiempo, el próximo año es clave en la conformación de un cuerpo de pares evaluadores con un mandato y con protocolos de acción ajustados a los nuevos criterios y estándares.
Este año hemos rediseñado el flujo de redacción de nuestras actas y resoluciones, de manera de hacerlo más expedito y lograr mayor claridad en las observaciones que hace la CNA a las instituciones. Esperamos que esos cambios, que ya están en marcha, sean plenamente visibles para las instituciones a partir del primer del primer semestre de 2023.
En otro ámbito, durante este año hemos dado forma nueva a la Dirección de Promoción de la Calidad de la CNA, que ha estado desarrollando la implementación de los nuevos criterios y estándares. Esto con un programa de formación para pares evaluadores, la reactivación de los vínculos internacionales de la Comisión con agencias similares, y la política de comunicación interna y externa, entre otras materias. También esperamos que los frutos de este trabajo sean visibles para la comunidad a partir del próximo año”.
¿Qué desafíos depara el proceso de acreditación en la educación técnica profesional?
“Estimo, en primer lugar, que los desafíos son equivalentes a los que se le plantean al subsistema universitario. La educación técnico profesional ha tenido un enorme desarrollo en nuestro país, sin parangón en América Latina, y desde esa fortaleza está llamada a avanzar en una más estrecha vinculación con el mundo del trabajo, la plena implementación del marco de cualificaciones técnico profesional, y el desarrollo de una función de investigación, creación o innovación pertinente a la naturaleza de este subsistema”.
