Desde el 22 de abril de 2021 tiene la rectoría de la Universidad de Chile el deber de conseguir la instalación de la Defensoría Universitaria, culminando un proceso que se inició en el año 2015, hace ya ocho años, deber que todavía no se cumple a cabalidad.

El acuerdo por Chile avanza en su tránsito a convertirse en ley de reforma constitucional sin ningún cambio que le proporcione una legitimidad mayor, salvo la que le aportan los partidos y movimientos políticos que lo sustentan: la fórmula pinochetista de la democracia protegida no se ha corregido sustancialmente. Todo parece indicar que tampoco será corregida en la desprestigiada Cámara de Diputados. No está ocurriendo con el Acuerdo por Chile lo que aconteció con al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución: el mal acuerdo inicial ganó legitimidad en su proceso de transformación en ley de reforma constitucional.

El año 2022 está terminando de manera muy negativa para la universidad pública de las grandes potencias económicas de Brasil y EEUU. La prensa (El País, Los Ángeles Time, Interferencia, Democracy Now) está cubriendo ampliamente la paralización de las actividades académicas en la Universidad estatal de California, una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos que tiene a su cargo la formación de aproximadamente 300 mil estudiantes.

El mismo año 1973, luego del golpe de estado, la Junta Militar decidió convocar a un conjunto de expertos y crear una Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Actualmente se le conoce como Comisión Ortuzar. Este modelo de trabajo es manifestación de la desconfianza en la democracia representativa. Desconfianza que se manifestó también en el orden constitucional generado por el pinochetismo.

Como hemos dicho, la nueva Constitución establece por primera vez en la historia constitucional chilena normas protectoras sobre el mundo rural, el trabajo campesino, la actividad agrícola, la familia y las tradiciones campesinas vinculadas a la producción. Se trata de un manto de protección, promoción y cuidado que permite caracterizar al proyecto de nueva Constitución como una Constitución campesina.

Como hemos dicho, la nueva Constitución establece por primera vez en la historia constitucional chilena normas protectoras sobre el mundo rural, el trabajo campesino, la actividad agrícola, la familia y las tradiciones campesinas vinculadas a la producción. Se trata de un manto de protección, promoción y cuidado que permite caracterizar al proyecto de nueva Constitución como una Constitución campesina.