Señala el aforismo “En casa del herrero cuchillo de palo”. Se trata de la denuncia de una paradoja, con ánimo de amonestar la incoherencia de quien no cuenta en su propio hogar con lo que proporciona a otros de manera regular. Es lo que ha venido pasando con la rectoría de la Universidad de Chile desde el año 2016 a la fecha: ha sido completamente negligente en la instalación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria. Mientras las autoridades de la Universidad se vinculan activamente con acciones relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos amagados y violados por autoridades nacionales y extranjeras, se han mostrado indolentes en instalar una institución destinada a cautelar los derechos de su propia comunidad.
En enero del año 2015, es decir hace ya ocho años, el Senado Universitario de la Universidad de Chile discutió la creación de la Defensoría Universitaria, un órgano autónomo que de acuerdo con la normativa aprobada está “encargado de velar por el respeto a los principios y derechos consagrados en la normativa aplicable a la Universidad de Chile, especialmente en su Estatuto Institucional y en la Ley N° 21.094 sobre universidades estatales, contribuyendo con su actuación al mejoramiento continuo de la convivencia, al buen funcionamiento de la actividad universitaria y, con ella, a la calidad de la educación". Conformada por una unidad de mediación y de defensa, su actuar según lo muestra la experiencia extranjera, contribuye al respeto de los derechos de las y los integrantes de la comunidad universitaria (que incluye a quienes están contratados a honorarios) que puedan verse amenazados o violados por actuaciones o decisiones de la autoridad o de cualquiera integrante de la comunidad.
Los casos de abusos de poder, de decisiones arbitraria e ilegales, de imputaciones de conductas reñidas con los deberes y los principios que reglan la actividad académica, dejan siempre a las víctimas en una posición de indefensión y orfandad, dañando como consecuencia la convivencia y la calidad de la formación. El propósito fundamental de la Defensoría de la Comunidad Universitaria es hacer frente a estas situaciones de atropello, normalmente protagonizadas como agresores por quienes están dotadas de autoridad en el aparato universitario.
Cada cierto tiempo conocemos de sumarios administrativos, de recursos de protección, en que las víctimas relatan abusos de autoridades de distinto rango, afectando de manera grave la convivencia armónica de la comunidad. Como es evidente, la institución de la defensoría es una obstáculo al ejercicio abusivo del poder, conducta que la rectoría de la Casa de Bello parece avalar al retardar injustificadamente, desde el año 2016, la instalación de la defensoría: en la casa de Bello, conciencia crítica de la sociedad, se da la paradoja e incoherencia que la defensa y protección de sus integrantes queda entregada a la entereza de la propia víctima para buscar justicia.