Ejemplo significativo al respecto fue el intento de Bolsonaro de acallar la voz de Paulo Freire (educador crítico promotor de la educación liberadora) en las universidades brasileñas, y de impulsar a los estudiantes y a sus familias para que denunciaran anónimamente a profesoras y profesores que abordaban temas sexuales o políticos en el salón de clases. Molestaba a los parlamentarios de ultraderecha que en las salas de se presentará una imagen negativa del rol de las Fuerzas Armadas a propósito del golpe de Estado de 1964 (1) y que los profesores y profesoras presentaran en las aulas sus perspectivas calificadas como “de izquierdistas”.
Lo que ocurrió a nivel educacional es grave, pero, también el que los discursos y acciones de la ultraderecha, no solo brasileña sino también norteamericana, hayan avanzado todavía más lejos cuestionando violentamente los resultados de las elecciones presidenciales en sus respectivos países. Parecen no tener límite alguno en sus ataques al pluralismo y la democracia.
Usando la tecnología instalaron la idea del fraude electoral en un sector muy significativo de la población, sin embargo, no pudieron acreditar ante ningún organismo competente sus acusaciones. Ahora bien, lo relevante para ellos no era el camino institucional, esto es, probar la denuncia, sino, configurar un argumento que dotara de legitimidad a las acciones violentas que desatarían contra la institucionalidad democrática: parecía justo a ojos de muchos asaltar el Capitolio o la sede del Congreso en Brasil si el sistema no reconocía la victoria alcanzada en las urnas, y que estaba siendo “robada” a vista y paciencia de las autoridades que no actuaban para enfrentar el fraude: la campaña mentirosa del fraude preparaba la legitimidad de la autotutela.
Es del caso que la violencia que han venido desplegando no dejó indiferente al sistema democrático. Ante los ataques al Congreso por la ultraderecha, ahora golpista, tanto en Brasil como en Estados Unidos se iniciaron las respectivas acciones criminales. En dicho contexto el jueves 25 de mayo de 2023, Stewart Rhodes y Kelly Meggs, connotados activistas de la ultraderecha norteamericana vinculada estrechamente a Donald Trump, fueron condenados a 18 y 12 años de cárcel respectivamente por el delito de conspiración cometido al asaltar el Capitolio (2).
La historia nos indica que los golpistas transitan dos vías, la de la legalidad, participando en las elecciones y en la vida político institucional; y la de la ilegalidad promoviendo cuartelazos, levantamientos y sediciones. En Chile fueron empleadas ambas vías antes del golpe de Estado de 1973.
Es de esperar que este conocimiento del pasado nos mantenga alerta en relación con nuestra propia ultraderecha: la circunstancia que participen del sistema democrático no es ninguna garantía de que mañana no recurrirán a la violencia. Así lo muestra el caso de Brasil, el de Estados Unidos y nuestra propia historia.
La defensa de la libertad de cátedra y del pluralismo académico se configura en un primer bastión de resistencia ante la arremetida desvergonzada de la ultraderecha.
¡Que esta condena por el asalto al Capitolio sea ejemplarizadora y muestre a los demócratas la necesidad de defender activamente la democracia!.
Notas
- “Escuela Sin Partido: como el gobierno Bolsonaro planea erradicar la dictadura de la historia de Brasil”, en https://www.ciperchile.cl/2019/02/25/escuela-sin-partido-como-el-gobierno-bolsonaro-planea-erradicar-la-dictadura-de-la-historia-de-brasil/
- “Condenan a 18 años de cárcel a líder ultraderechista por el asalto al Capitolio”, en https://www.eldesconcierto.cl/internacional/2023/05/25/condenan-a-18-anos-de-carcel-a-lider-ultraderechista-por-el-asalto-al-capitolio.html