En medio de rumores de que se está pensando en recurrir a la instancia que debe velar por el respeto de las 12 bases institucionales, Aula Magna entrevistó a Francisco Soto Barrientos, consejero constitucional experto sobre la materia: “Espero que los representantes de los partidos de la oposición mantengan este compromiso con el primer acuerdo y trabajen desde ahí en un esfuerzo de persuasión dentro de su sector”.
Revisa a continuación la entrevista completa
1. Según su opinión, ¿cuál es la esencia del anteproyecto de Constitución Política entregado al Consejo Constitucional y cuáles serían los pilares fundamentales del mismo?
El anteproyecto elaborado por la Comisión Experta representa un esfuerzo por consensuar entre distintas visiones políticas un texto que no solo refleje los cambios necesarios para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad, sino que también conserve lo mejor de nuestra tradición constitucional.
En ese sentido, el anteproyecto contempla normas que no solo buscan saldar deudas históricas, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, sino que también actualizan nuestro orden constitucional según las tendencias globales del constitucionalismo comparado. Esto incluye, entre otros, aspectos como la normativa ambiental, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la descentralización, la participación política y la modernización del Estado.
Además, quiero destacar la introducción de dos nuevos capítulos que son ajenos a nuestra historia constitucional: el de Representación Política y Participación, y el de Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo.
Como pilares fundamentales del anteproyecto, se encuentran las 12 bases institucionales que sirvieron para guiar el trabajo de la Comisión. Por ejemplo, siguiendo el tenor de una de las bases, se ha consagrado en el anteproyecto que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
Pienso que este es un ejemplo de norma constitucional que debiese guiar el trabajo del Consejo Constitucional.
2. En relación a la nueva etapa a manos del Consejo Constitucional, ¿qué elementos del anteproyecto considera que están provocando mayor desacuerdo para los representantes de los partidos de oposición?, en este sentido, ¿qué cree usted que será defendido con mayor énfasis por los representantes del oficialismo?
Considero que los mayores desacuerdos dentro de la oposición se centrarán en el nivel de detalle de ciertas normas específicas. Por ejemplo, un tema profundamente controvertido en este sector será la manera en que se regule la propuesta de norma que contempla el derecho a la vida del que está por nacer, un derecho que no está contemplado en el anteproyecto.
Además, veo desacuerdos en temas como la regulación del derecho a la huelga, el nuevo capítulo sobre seguridad, la reducción de la magnitud de los distritos y la reintroducción del control preventivo. Este último punto fue eliminado por el anteproyecto en la regulación de la Corte Constitucional.
En el actual contexto, creo que el oficialismo buscará defender los avances que representa el anteproyecto en comparación con la Constitución vigente. Los temas en los que veo un mayor énfasis, entre otros, son avanzar hacia mayores derechos para los pueblos indígenas, normas relativas a la paridad, la posibilidad de incluir el mecanismo de listas cerradas para el sistema electoral del Congreso y la creación de una Defensoría de Derechos Humanos.
3. Siendo usted representante de un partido que está en el centro del espectro político, ¿considera usted qué los valores de la centro izquierda están incorporados en la propuesta de la Comisión Experta? ¿cuáles serían las normas que los consagran?
Como mencioné al principio, el anteproyecto es un texto que refleja un amplio acuerdo entre el espectro político nacional, que va desde el Partido Comunista hasta el Republicano. En este sentido, los valores que considero representativos del proyecto histórico de la centro izquierda en Chile son el Estado Social y Democrático de Derecho, los avances en mecanismos de participación ciudadana, la modernización del Estado, la descentralización regional, la protección del medio ambiente, la paridad y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
4. ¿Qué cabe esperar en términos de la integridad del texto propuesto por ustedes ante la arremetida republicana?
Los próximos tres meses serán fundamentales para responder a esa pregunta, ya que gran parte de este proceso se jugará en ese lapso. En principio, espero que el Consejo Constitucional tenga la sabiduría y la capacidad de empatizar con las distintas demandas que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa durante décadas.
En este sentido, quiero destacar la tremenda labor realizada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de la Secretaría de Participación Ciudadana. En muy poco tiempo, han logrado no solo sistematizar y recopilar la participación ciudadana de los procesos constituyentes desde 2016, sino también han sido fundamentales para llevar a cabo un proceso de formación cívica, difusión, audiencias, diálogos, consultas y recepción de iniciativas ciudadanas en todas las regiones del país.
Este esfuerzo de participación ciudadana en un proceso constituyente es único en el mundo, y espero que el Consejo Constitucional sea plenamente consciente de su real importancia.
5. ¿Qué papel le asigna a los demás partidos de derecha y sus representantes ante las propuestas republicanas, considerando que esos partidos ya votaron favorablemente la propuesta de la Comisión de Expertos? ¿ante la mayor potencia electoral republicana, se están retractando los partidos de derecha de lo ya aprobado en la Comisión de Expertos?
Un reciente informe entregado por la Secretaría de Participación Ciudadana al Consejo Constitucional reveló que, en promedio, un 87% de los participantes en la consulta ciudadana realizada entre el 7 de junio y el 7 de julio pasado, donde cerca de 30.000 personas dieron su opinión, están de acuerdo con el anteproyecto de la Comisión Experta.
En este sentido, quiero resaltar el nivel de amistad cívica que se desarrolló al interior de la Comisión Experta, el cual fue un pilar fundamental para construir el alto nivel de consenso que se reflejó en el anteproyecto. Espero que los representantes de los partidos de la oposición mantengan este compromiso con el primer acuerdo y trabajen desde ahí en un esfuerzo de persuasión dentro de su sector, con el objetivo de aprobar una propuesta constitucional que cuente con el apoyo de una amplia mayoría en el plebiscito de diciembre.
6. Dado que usted es profesor universitario, en qué pie quedó la educación superior en la propuesta de la Comisión Experta? ¿qué cambios cree que podría experimentar luego de las rondas de participación popular y enmiendas?
Creo que existe espacio para profundizar en la norma sobre educación superior del anteproyecto propuesto por la Comisión Experta.
Pienso que es notable la participación alcanzada en un solo mes en el contexto de las iniciativas populares de norma, donde participaron más de 230.000 personas en todo Chile. En particular, y refiriéndome a este tema, destacaría el esfuerzo del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) que presentó con mucho éxito una iniciativa popular de norma que ahora debe discutir el Consejo Constitucional. Esta norma denominada “Educación Pública para Chile” contó con un total de 15.266 apoyos y persigue que el texto constitucional reconozca al Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile.
7. ¿Qué mensaje querría enviar a la ciudadanía, la que mayoritariamente se muestra muy pesimista sobre los resultados de este proceso?
Creo fundamental que la ciudadanía siga, en la medida de lo posible, la actual discusión al interior del Consejo y en particular se informe respecto al texto final que se proponga por el Consejo a principios de noviembre.
Desde este punto de vista, no creo que exista desinterés y haría un llamado a no subestimar el poder de la deliberación ciudadana. La participación reciente es prueba de ello. Como dijo la semana pasada el profesor estadounidense Bruce Ackerman en una entrevista a un medio nacional, un momento constitucional como el chileno puede durar una década o dos, y en nuestro país al igual que en otros de la región se vive una verdadera revolución educativa, donde existe la población más educada e ilustrada de su historia.
Haría un llamado a informarse y debatir comprometidamente sobre la propuesta que se presentará en noviembre. En esa etapa, habrá un poco más de un mes para que la ciudadanía decida finalmente si aprueba o no la nueva constitución propuesta.
