“Y yo pensé ¿libres de qué?, ya que la miseria seguía siendo la misma pero con más griterío…” (Antonio Lobo Antúnez, “Manual de Inquisidores”)
¿Cómo explicar la situación actual de la Universidad Argentina?, ¿qué palabras usar para aproximar una comprensión al quizás mayor desastre educativo y científico de todos los tiempos?, ¿cuál es la verdadera disputa?, ¿qué y cuánto es lo que está en juego?, y asimismo ¿cuál es la lucha de la comunidad universitaria?, ¿qué nos moviliza, qué nos saca a las calles?. El objetivo de estas parrafadas es alertar acerca del real interés del Poder Ejecutivo en desmantelar la Universidad Nacional autónoma, pública, y gratuita, pero fundamentalmente responder, parafraseando a Favero: ¿Ud. preguntará por qué luchamos?...
Cuando la forma es el fondo.
Al mejor (peor) modo wittgensteiniano en que los límites del lenguaje lo son del mundo, la tarea de gobernar en Argentina es articulada por el Presidente de la Nación descerrajando necedades paleo-anarquistas, operando entre tuits y retuits, e insistiendo en las redes en las que ocupa mucho tiempo ‒demasiado tiempo1‒, empeñado en aportar a la contracción del espacio y del pensamiento que todo empobrecimiento del lenguaje produce. Y todo ello blindado por lógicas informativas que supieron mutar desde esa tal misión a la comunicación, y desde la comunicación a la mera propaganda, como ensayaba Jean-Paul Fitoussi.
Al insulto y el agravio como política de estado le suma el despliegue de fake news como estrategia administrativa y la más posmoderna laxitud factual que sesga y tergiversa, en un proyecto notorio de rasgos autocráticos reforzado con concretos palos, gases, detenciones “erróneas”, y represión a docentes, estudiantes y jubilados, en lo que constituye la cruzada más ostensible contra el conocimiento y la ciencia desde los tiempos de la virreynal enseñanza monástica o del vaciamiento de las universidades por las dictaduras sucesivas que asolaron nuestros países en el siglo XX.
A los datos puros y duros de que el 48 % de los estudiantes de las universidades públicas se hallan por debajo de la línea de pobreza y que sólo un 15 % son estudiantes de clase media y media-alta (Fuente INDEC, Encuesta Permanente de Hogares), los enfrenta impunemente con la afirmación de que “…la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos…”.
Al casi 50 % de estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia (‒47,8 % en 2022‒ según informes publicados recientemente por el Ministerio de Capital Humano), que se completa con guarismos que muestran que la informalidad del empleo no registrado se reduce 4 veces en los asalariados con título universitario, y que el desempleo afecta 3 veces menos a las personas con título universitario, responde sofísticamente que “…la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo a la misma…”.
A las periódicas auditorías internas y externas realizadas a las Universidades Nacionales por la Auditoría General de la Nación de acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior ‒artículo 59 bis de la Ley 24.521‒, que por otra parte no admiten discusión en cuanto a su existencia atento que están publicadas en las páginas web de cada institución; y al control “en vivo”, on line, que desde el Ministerio de Educación puede realizarse del total del cuerpo docente y no-docente empleado y de la masa salarial involucrada, el Poder Ejecutivo contesta negando esas instancias de vigilancia con una tergiversada campaña por la defensa de los fondos públicos, afirmando incólume que “…si no quieren ser auditados es porque están sucios…”, tildando a todos de “chorros” y omitiendo que el propio gobierno incumplió los pasos formales que le corresponden para avanzar con las auditorias 2024.
La usura de las palabras la terminó de completar el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado ‒mediante mensaje en la red social X, como no podía ser de otro modo‒, afirmando de manera reveladora, en relación a la educación y a la salud especialmente, que el gobierno entiende que “…para cada necesidad habrá un mercado…”.
Cuando el fondo es tragedia.
Entre la maraña malevolente de decires procaces y sincericidios impunes, las decisiones de fondo son aún más graves y aparecen como ejemplo de lo peor en un paisaje de acontecimientos que deviene tragedia.
Sin mayor sofisticación que el pretenso ocultamiento de los intereses que lo sostienen, el gobierno se negó a una recomposición del presupuesto universitario vetando la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso Nacional, que implicaba un impacto del 0,14 % del PBI Nacional ‒0,06 de recomposición por IPC Anual 2023 y 2024; y 0,08 de recomposición salarial‒. Si se tiene presente que las exenciones impositivas a grandes empresas por intermedio de Decretos de Necesidad y Urgencia de absoluta discrecionalidad para el Poder Ejecutivo alcanzan un 3,5 %, definitivamente se tendrá una radiografía del modelo que se promueve y la dimensión del embate, con el presupuesto universitario congelado presa de un ajuste feroz y de una reducción hasta niveles históricos sin precedentes, como lo muestran los siguientes gráficos que nos eximen de todo comentario (Fuente: CONADU, Mayo 2024. https://conadu.org.ar/):
