Hace un tiempo llevo planteando por este medio que el 2024 es el primer año sin un proyecto constitucional y que por tanto, estamos viviendo sin ese marco (https://www.semanarioaulamagna.cl/columnas-de-opinion/1158-2024-el-ano-que-vivimos-sin-constitucion. https://www.semanarioaulamagna.cl/columnas-de-opinion/1183-2024-el-ano-que-vivimos-sin-constitucion-ii) siguiendo el análisis, ahora profundizaré en la etapa anterior, es decir, los fundamentos políticos sobre los cuales se asienta la tesis y que dan origen al problema de la anomia que estamos viviendo, y que es previsible se profundicen en el año 2025, dado el curso de los acontecimientos.
Por otro lado, la crisis que se venía configurando el año 2024 se profundiza a propósito de la destitución del ex ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz: se violó la garantía del debido proceso en la presentación y votación conjunta de una Acusación Constitucional por hechos distintos. El Congreso viene trasgrediendo el Estado de Derecho a vista y paciencia de todas las agrupaciones políticas y los poderes del Estado.
Respecto de la etapa anterior al año 2019. en primer lugar, cabe destacar que a partir del fin de la Concertación el año 2010, dejamos de tener un marco político común y comienza la etapa de redefinición constitucional, que en la actualidad significa la ausencia de un orden constitucional compartido y que, por lo tanto, sigue pendiente de resolución.
Había consenso en las fuerzas opositoras a la dictadura que la Constitución de 1980 tenía un serio problema de legitimidad de origen que la hacía inaceptable como marco de convivencia. Esta situación cambió a propósito de la victoria del No en el plebiscito de 1988, y de las negociaciones que se realizaron para llevar adelante la transición hacia la democracia, lo que significó la aceptación tácita del marco institucional diseñado por la dictadura y aceptado por los demócratas en esa fecha.
Para ello se negociaron y reformaron aspectos problemáticos del texto original y se aceptó principalmente el orden económico y social que planteaban los jerarcas civiles y militares de la época. Con el fin de legitimar estas negociaciones se plebiscitaron los cambios y ellos fueron aprobados por la ciudadanía.
Los hechos históricos descritos suponen, por tanto, un pacto entre la naciente Concertación de Partidos por la Democracia y las fuerzas conservadoras, agrupadas en la estructura militar, los sectores empresariales y los sectores de la derecha política, para aceptar dicho marco y validar por tanto su legitimidad.
Este pacto institucional (tácito y explícito) tuvo una duración de 20 años, por cuanto, estaba asociado a la Concertación. Mientras esta estructura política se mantuvo en el poder, los cuestionamientos al marco institucional fueron abordados por el propio sistema (reforma constitucional del año 2005) y procesadas por esa entidad política.
No obstante, lo anterior, el debate sobre esta temática fue intenso, la división entre autoflagelantes y autocomplacientes cruzó desde el año 1997 en adelante, a la Concertación, sumado a iniciativas ciudadanas para cambiar el texto y el propio desgaste del modelo económico y social.
Cuando esta alianza política deja de existir y asume después de más de 40 años un gobierno conservador elegido por las urnas, se rompe el consenso concertacionistas, es decir, la legitimidad del orden constitucional, lo que tiene como efecto, primero una fuerte movilización estudiantil y social durante todo el año 2011, sumado a estallidos locales como en el caso de Punta Arenas, Aysén y Mejillones, por nombrar los más destacados, lo que tiene su momento de mayor conflictividad en el año 2019.
Esto lleva a la creación en el año 2013 de la Nueva Mayoría, que se plantea como un espacio que supera a la Concertación al sumar al Partido Comunista de Chile y ampliar la base social que se había reducido en la desgastada Concertación, esta entidad asume el poder en el mes de marzo de 2014.
Dentro de las propuestas de esta nueva fuerza, estaba la redacción de una nueva Constitución para el país, lo que una vez en el poder significó un proceso constituyente bajo una modalidad autoconvocada de cabildos como forma de participación ciudadana, teniendo como resultado el ingreso de un proyecto de reforma completa a fines del gobierno de la Nueva Mayoría.
Este proceso es desechado en el segundo gobierno de corte conservador liderado nuevamente por el presidente Sebastián Piñera. En el segundo año de este gobierno se produce lo que se ha denominado “estallido social”, y que tuvo al país en una delicada situación política, lo que comienza a resolver con un gran pacto político de casi todo el arco político (se excluye el PC y parte del Frente Amplio, por el lado de Convergencia Social) que se denominó “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”.
Este pacto planteó una salida a la crisis política con un llamado a plebiscito donde se preguntaba a la ciudadanía “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”: el 78,27% de las preferencias fue para la opción Apruebo, mientras que el 21,73% por ciento fue para la opción Rechazo.
Con esto la ciudadanía rechazó mantener vigente la constitución de 1980 y decidió que fuera una Convención Constitucional elegida totalmente por la ciudadanía la que redactara el texto. Plebiscitada la propuesta. fue rechazada por un 62%. Sólo un 38% la aprobó.
Esto llevó a un segundo proceso donde se eligió un Consejo Constitucional y previo a ello una Comisión Experta que presentó un texto de insumo al Consejo. Nuevamente la propuesta de nueva constitución fue rechazada. Esta vez por un 55% y aprobada por un 44% (diciembre del año 2023).
Por otro lado, en las anteriores columnas he ido describiendo como el aparato institucional lleva incumpliendo, sobrepasando y vulnerando el marco constitucional, desde las distintas fuerzas políticas, cuyo corolario está en la destitución del ministro Sergio Muñoz. Distintos constitucionalistas de todos los sectores han planteado reparos desde el punto de vista del respeto al debido proceso y el derecho a defensa.
El congreso ahora en su conjunto vulnera DDHH garantizados en el propio texto y actúa de facto violando el Estado de Derecho: su conducta solo puede entenderse en el vacío constitucional en que nos encontramos.
La suma de los rechazos y las violaciones del orden constitucional nos deja en el año 2024 por primera vez en 10 años, sin una vía institucional para el cambio constitucional y con un texto carente de legitimidad, lo que nos permite afirmar que carecemos de una constitución que nos constituya (valga la redundancia) como país y sociedad.
No existe aún el consenso político para superar la crisis y que permita culminar la anomia. Ni tampoco la fuerza social necesaria para generar el pacto con las fuerzas conservadoras (militares, sectores empresariales y las derechas) en el proceso de legitimación de un nuevo orden constitucional.
Todo parece indicar que si no nos tomamos en serio que carecemos de un orden constitucional legítimo que inspire acatamiento institucional y social, tendrá lugar un nuevo movimiento social, incluso violentamente.