Perú parece profundizar su crisis más que avanzar en un camino seguro a su solución. Actualmente persiste la problemática de la representatividad devenida, se recuerda, de la captura del presidente Castillo por eventos relativos a un (auto) golpe de Estado, personaje que en la actualidad se encuentra preso y procesado por rebelión, y otros delitos. La crisis de representatividad devenida de estos hechos alcanza a las altas esferas de gobierno, es decir, a Dina Boluarte, quien fue la segunda vicepresidenta de la fórmula presidencial de Castillo, y actualmente Presidenta de la República.
En el caso que Boluarte salga al extranjero para que represente al país, no queda más autoridad prevista por la Constitución que pueda asumir el cargo de máxima autoridad del gobierno. Este supuesto ha contribuido al deterioro de la imagen de la representatividad, pero asimismo, un debate interno sobre cómo afrontar este supuesto si se prolonga el régimen de Boluarte. Por este motivo, Boluarte no ha salido ni una sola vez al extranjero a representar al país. Asimismo, Perú no cuenta con un representante permanente en Naciones Unidas desde enero, mes en el cual renunció el embajador Manuel Rodríguez Cuadros.
El otro aspecto está relacionado al tratamiento de los derechos humanos. Nos referimos al informe del 23 de abril de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. En este informe, se relata el proceder del gobierno peruano en las protestas de diciembre del año pasado. Se cita casos de uso de forma letal de armamento. Por ejemplo, el paro nacional indefinido a partir del 15 de diciembre. Ese día, explica dicho informe, se estaba produciendo un enfrentamiento entre pobladores y policías en las inmediaciones del aeropuerto y el cementerio, en un contexto de intento de toma del aeropuerto, para lo cual se utilizaron piedras, machetes, ondas, armas hechizas y fuegos pirotécnicos como las avellanas, enfrentamientos que se extendieron más allá de 23:00 horas, y en ello se menciona tres casos de fallecidos:
"(...)
1) C.M.R.A.: adolescente de 15 años, estudiante. Falleció por un trauma toráxico por proyectil de arma de fuego. Su madre informó que ese día salió de su casa a trabajar en el cementerio, al costado del aeropuerto. Cuando terminó de trabajar, fue con un amigo a comer. Recibió un impacto de bala en la espalda.
Posteriormente, lo sacaron del medio del área de fuego y lo intentaron auxiliar, pero la ambulancia tardó y no logró llegar al hospital con vida.
2) Raúl García Gallo: de 35 años, padre de tres hijos menores de edad, albañil, sirvió al ejército. Falleció debido a un impacto de bala por arma de fuego en el estómago. Su esposa informó a la CIDH que ese día salió de la casa en la mañana a participar en el paro de Huamanga. Alrededor de las 5:30 pm la llamaron para informarle que lo habían asesinado.
3) Clemer Fabricio Rojas García: joven de 22 años, estudiante de mecánica automotriz; en sus días libres, trabajaba en un autolavado de carros. Falleció por un impacto de arma de fuego en el tórax mientras participara en el paro. Llegó al hospital Regional de Ayacucho sin vida. (...)"
Estos casos y otros presentados, ponen en serios cuestionamientos a las autoridades policiales y militares que estuvieron a cargo de contener la protesta social de diciembre del año pasado.
Asimismo, hubo otros eventos durante dicho periodo de diciembre, tales como el desalojo de los protestantes de la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos usando fuerza desmedida, Lo propio ocurrió con la Universidad Nacional de Ingeniería que también acogió a , protestantes que llegaron a Lima desde las provincias. Respecto de la primera universidad, se puede ver en los videos cómo una tanqueta derriba la puerta principal de la Universidad, sin que exista ninguna necesidad de recurrir a esa medida. En relación con la segunda se muestran otros videos donde el rector defiende la medida de los estudiantes de acoger a los protestantes.
Por último, las relaciones internacionales del Perú no han mejorado y más bien, las tensiones con México, con su Presidente López Obrador han ido a mayores: en múltiples declaraciones ha existido confrontación respecto a la política de derechos humanos del Perú y de la gobernabilidad actual.
En este contexto, la crisis peruana parece abrir nuevos flancos desde el punto de vista de las relacione internacionales y el respeto a los derechos humanos en el contexto de la protesta social que vivimos, y que, una vez más, se enfrentó con un uso muy desproporcionado de la fuerza.
Una reflexión última sobre cómo la debilidad de un sistema democrático impulsa a que ciertas universidades en América Latina tiendan puentes solidarios con las organizaciones sociales o tomen para sí problemáticas ciudadanas: sin embargo, otros centros de estudios solo se mantienen externos a dichos contextos.