Señoras y señores republicanos. Me dirijo a ustedes luego de estudiar, con honestidad y sin caricaturas, lo que proponen de cara a la redacción de una nueva constitución. Reconozco su contundente éxito electoral, pero asumo con sinceridad que no es posible permanecer pasivamente ante sus propuestas, porque son catastróficas para el país.
Me gustaría recordarles una escena ocurrida en la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936. Ese día se produjo la famosa disputa entre el rector de esa universidad, Miguel de Unamuno y el general franquista José Millán Astray. Ante una audiencia repleta de civiles y militares partidarios del alzamiento golpista el rector Unamuno levantó su voz y les dijo: “Vencer no es convencer y hay que convencer, sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión; el odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición”. Se dice que la respuesta inmediata de Millán Astray fue el grito de “muera la inteligencia, viva la muerte”. Han pasado casi 90 años y las palabras de Unamuno todavía resuenan. Vencer electoralmente es posible, si se crean las condiciones propicias que construyan una mayoría a como dé lugar. Lo difícil es convencer para construir una mayoría basada en argumentos y razones. Como observó John Dewey: “La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo… Lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo”. Cuando las mayorías que se construyen sobre la base del miedo y el engaño constituyen un suicidio de la inteligencia.
¿Cómo se forma una mayoría?
La forma de constituir una mayoría electoral puede tomar tres posibles caminos: 1. La vía del debate y la deliberación de argumentos, 2. la agregación o suma de intereses individuales y grupales o, 3. la manipulación de las emociones y sentimientos. Estas tres rutas no son excluyentes y en la práctica política se suelen mezclar y superponer inevitablemente. Lo importante es intentar que la discusión pública, bien argumentada, no sea anulada por la fuerza de los polarizadores profesionales que van incitando a la gente en base a al temor y la incertidumbre. Si no se ve claro el futuro, lo que domina es el miedo y el odio llama a la puerta de forma inmediata.
Es evidente que es mucho más fácil construir sobre una “estrategia de la tensión” que manipule y controle la opinión pública usando tácticas premeditadas, que infundan miedo, diseminen desinformación y desemboquen en formas de guerra psicológica para alcanzar objetivos tácticos y estratégicos. Ustedes prefieren la provocación constante porque para usar la razón hacen falta buenos argumentos. El temor y la aversión a la incertidumbre son impulsos irreprimibles, un motor innato de la subjetividad humana. Pero si estas emociones nos gobiernan, nos desbocan. Una constitución no puede nacer de esas emociones ni de la mera agregación de los intereses particulares de los votantes a los que se ha sumado sobre la base de una “estrategia de la tensión”. Hace falta construir una razón compartida, por encima del tribalismo y el tacticismo.
Lo que no convence
Las propuestas constitucionales del Partido Republicano nos abocan inevitablemente a agravar la disfuncionalidad política en las instituciones y en las calles. Ustedes saben que crecen sobre la manipulación del descontento. Cuanto peor vayan las cosas, mejor irán para ustedes, ha reconocido José Antonio Kast. Por eso les detallo algunos puntos que considero “líneas rojas” que cualquiera que no esté dispuesto a jugar en el fango con tal de hacerse con el poder tendría que asumir como límites infranqueables.
1. No convence su falta de convicción y compromiso con los derechos humanos y la democracia: En su discurso los derechos humanos y la democracia se reducen a una técnica jurídica operativa, un mero procedimiento, desvinculado de cualquier compromiso ético sustantivo. En sus intervenciones se confunde la función con la fundamentación de los derechos fundamentales, por lo que terminan reducidos a una mera fuerza jurídica, sin conciencia ni razón de ser. Entienden los derechos humanos, la democracia (en tanto mero sufragio universal) y la igualdad ante la ley como una concesión, o incluso una debilidad del poder, una dádiva a la plebe, un gesto altruista que está siempre sujeto a la discreción y benignidad del gobernante, que puede caducarlos a voluntad. De allí su obcecación por reducir la democracia y los derechos a un catálogo mínimo, coaccionado por supuestos deberes universales que nacen de sus propias imaginaciones y de su temor a la positivación legal de demandas históricas que no comprenden ni valoran.
Se revela así una desconfianza profunda ante la inevitable relación entre democracia, libertad e igualdad de las personas. Comprendo que detrás esto late una enorme dificultad para asumir una idea moderna de derechos humanos, que sólo se puede fundar con los materiales de una cultura plural y secular, que sostenga a un Estado soberano que ejerza la fuerza legítima como efecto del principio de la soberanía popular, y no como fruto de la herencia patrimonial de una élite de propietarios.
Los derechos humanos nacen y asumen lo mejor de los humanismos, que beben desde fuentes religiosas y filosóficas en todas las culturas y sociedades. Pero su construcción como derechos exigibles y justiciables sólo fue posible por las luchas concretas que se libraron contra la idea del Estado absoluto, en países donde se produjo una ruptura de la unidad religiosa y por lo tanto, donde se puso fin a toda forma de intolerancia e imposición por la fuerza de una creencia determinada. Mientras en ustedes permanezca la nostalgia de la vieja cristiandad y la tentación de imponer su propia doctrina nacionalista de Estado, una interpretación confesional y ultramontana de la historia y una desconfianza en el principio de autonomía de las personas, no será creíble su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Ese imperativo sólo es posible bajo el supuesto de la libertad de opción como parte del pleno respeto al principio de autonomía moral de las personas.
2. No convence su oposición al Estado Social y Democrático de Derecho: En sus intervenciones se expresa un constante rechazo a que el nuevo texto constitucional mandate a los poderes públicos a asumir una posición activa con la finalidad de garantizar la igualdad de los ciudadanos con independencia de su situación económica y social. La pregunta que deberían contestar, sin ambigüedades, es el grado de acuerdo al que pueden llegar con una formulación como la que se expresa en el artículo 9.2 de la Constitución española, donde se afirma: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social “.
Este artículo, especialmente por el mandato de “remover los obstáculos”, asume una posición contundente a favor de la intervención activa y prestacional de los poderes del Estado para corregir las desigualdades, la ausencia de libertades, y asume la legitimación de la función promocional del Derecho, en las antípodas del Estado mínimo. ¿Están dispuestos a remover esos obstáculos o, por el contrario, su objetivo es constituirse en los obstaculizadores de estas metas? ¿Están disponibles a poner límites constitucionales al beneficio económico y al sacrosanto derecho de propiedad individual? Es evidente que no, y por ello su modelo constitucional nos aboca a la lucha despiadada del fuerte contra el débil y al ideal totalitario del panóptico securitario.
3. No convence su interpretación impropia del principio de subsidiariedad. La propuesta que hacen al país es mantener la perversión conceptual del “principio de subsidiariedad”, bajo la forma de “principio de privatización”. Esta noción la construyó Jaime Guzmán como una crítica a la Constitución de 1925 y buscó imposibilitar el rol social del Estado, entendido cómo garantías de protección al trabajo, la industria y la previsión, facultando al Estado para intervenir en el proceso económico y de desarrollo nacional. Bajo la apelación a la subsidiaridad Jaime Guzmán elaboró un concepto ancla del que se sirvió para plantear todo un sistema ideológico, desnaturalizando y distorsionando el sentido preciso y original de lo subsidiario, tal como lo entendía la Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSI). Por lo tanto, su propuesta es una impostura ideológica, tal como ha analizado Pedro Morandé [1]. La “subsidiaridad” dejó de ser un principio de descentralización para interpretarse como un criterio legitimador de la privatización y despolitización del Estado. Guzmán y sus intérpretes olvidaron deliberadamente que la DSI articula el principio de subsidiaridad junto a los principios de “dignidad humana”, “solidaridad”, “destino universal de los bienes” y la “opción preferencial por los pobres”. Desgajada y desvinculada de esos principios la subsidiariedad es incomprensible e inasumible en los mismos términos católicos desde la cual la pensaron [2].
Despedida
Señoras y señores republicanos. La República es el régimen político cuyo fundamento es la igualdad sustantiva, la igual-libertad para todos. La República es el régimen que permite el desarrollo pleno de cada persona, para que cada cual tenga las condiciones para buscar desde su conciencia su propia felicidad particular. Es el poder que permite ejercer el libre arbitrio, desde todas las facultades y posibilidades humanas y legisla sobre el acceso a los bienes materiales que permiten a cada individuo ser independiente de la coacción del más poderoso. La República es el régimen que tiene la justicia como norma, los derechos ajenos como límites y la ley como salvaguarda. Si no están a la altura de estos criterios les pido que busquen otra forma de denominarse y otro modo de comprender lo que promocionan. Quedo a su disposición.
[1] Morandé, Pedro (2008) “Subsidiarity in Chilean Education”, en Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together. Margaret S. Archer and Pierpaolo Donati eds. Vatican City.
[2] Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005) Compendio de la Doctrina social de la Iglesia. Ciudad del Vaticano. nº 170-172.
(*) Columna publicada en Punto de Vista ( https://www.academia.cl/comunicaciones/columnas/vencer-no-es-convencer )