Los eventos acontecidos en el Perú desde comienzos del mes de diciembre, se deben leer sobre la base de un proceso social secundado por el marco del respeto (o más bien la falta de esto) al Estado democrático y constitucional de derecho. Y no porque se comparta tal proceder, sino porque en dichos márgenes se ubica la prepotencia y la arbitrariedad, no solo a nivel de conductas, sino también discursiva.
Esta columna solo tiene carácter reflexivo, más no conclusivo: el contexto social del Perú hoy en día está muy dinámico.
Desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue destituido la escala de cambio de presidentes ha ido en aumento. Se debe recordar que el mismo personaje estuvo directamente relacionado con la desaparición de la “Página 11”, un escándalo acontecido a finales de los años sesenta, y que como reacción a dicha desaparición originó el golpe de Estado de Velasco Alvarado.
A los problemas de legitimidad presidencial acompañó la composición de intereses más allá del marco del respeto al Estado democrático y constitucional de derecho. Primero: no reconocer las instituciones democráticas y afirmar que la pérdida de una elección no debe ser reconocida y, por ende, se comienza a declarar que nadie debe respeto a un presidente que nace de dicha elección. Jorge Montoya, congresista electo el 2021 expresó, por medio del twiter, que se debería desconocer el proceso de las Elecciones Generales 2021 y convocar a nuevos comicios: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.
José Matos Mar escribió durante los años ochenta el artículo “Desborde popular y crisis del Estado”, un ensayo que explica los profundos cambios que acontecían por dicho tiempo al Perú Republicano y cuyas problemáticas continúan e incluso se acentúan más: esa diferencia entre Lima y la provincia, el rostro plural de la sociedad y la discriminación respecto de ese Perú olvidado, esa distinción entre lo formal y lo legal, ellas son características que, más que haber desaparecido, se hacen más evidentes en nuestro contexto actual. Lo mismo encontramos en la obra de José María Arguedas.
Las herramientas jurídicas del derecho formal están muy limitadas para explicar a cabalidad qué viene sucediendo en el Perú, puesto que la indignación no se subsume en ellas, y sus principales actores así lo han mostrado. Al contrario, el derecho ha pasado a ser instrumento subsumido a un interés determinado, y, por ello, opera bajo la arbitraria voluntad de quien lo detenta: la crisis alcanzó a todos los actores de la política, más allá de las posiciones que asumieron. A raíz de ello, Lima se ha visto como un laboratorio de pugnas políticas, pero no así capital de la representatividad social.
En efecto, el escenario político del 2021-2022 fue un escenario de confrontación, de pugna por hacer primar el propio interés, no faltó la prepotencia. Y así, se pasó en medio de procesos de vacancia no conseguida, hasta diciembre del 2022. La dedicación casi exclusiva del Congreso de la República fue la pugna por hacerse del poder político sobre la base de las denuncias de corrupción del gobierno de Castillo, que intentó, fallidamente, hacer lo propio cerrando el Congreso.
Este escenario no nos posicionó bien en el contexto político internacional. El Congreso denegó en múltiples oportunidades al presidente Castillo salir al exterior, pro argumento que incluso estados como México (Obrador) o Colombia (Petro) eran representantes del comunismo internacional. La familia del presidente Castillo terminó asilada en México, y el mismo presidente buscó hacerlo, pero no lo consiguió: fue detenido por la Fiscal de la Nación. Y la crisis se agudizó al grado que, la ex vicepresenta de Castillo, Dina Boluarte, hoy Presidente de la República, asumió el mandato por encargo del Congreso y no puede viajar porque no tiene quien realice despacho. Y, por consiguiente, no fue a la juramentación de Lula en Brasil. El trato a nuestros países vecinos nunca se estropeó tanto como ahora: desde el gobierno de turno se emitió un comunicado en el cual se afirma que la responsabilidad de las protestas sociales están en Chile y Bolivia (desde el contrabando con Chile o desde el apoyo social desde Bolivia se busca la convulsión social en el país).
Los conflictos sociales y la composición del poder político se encuentran y se desarrollan en todo país. Todavía peor es que se está regresando al marco discursivo sobre el cual todo aquel que reclama es terrorista y de que el orden social se debe imponer, a cualquier costo (implícito: las vidas humanas). Nada justifica la muerte de civiles y la forma que esta se produce. Asimismo, la política de seguridad nacional sirve de pretexto para entender de enemigo al extranjero.
Actualmente, el gobierno de Boluarte es investigado por las 46 muertes desde el comienzo de su régimen. A mi entender, el “desborde popular” empezó con la indignación de la juramentación de quedarse de Presidente hasta el 2026, por ello, y al poco tiempo, tuvo que desistir de este primer intento de consolidarse en el poder. La iglesia católica, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea y la oficina de Naciones Unidas en el Perú presionan a la fiscalía peruana para que se investigue las muertes en el contexto de protesta social.
Al margen de la legalidad durante los noventa existió el Grupo Colina o los jueces sin rostro, para combatir a Sendero y la violencia terrorista, pero ese mismo argumento se usó para poner en medio a civiles y cometer todo tipo de atropellos bajo esa construcción discursiva. El panorama latinoamericano visto desde el Perú, del sector más rancio de la derecha, se apresta para otro plan Cóndor donde en nombre de la seguridad nacional se violan derechos humanos. El desarrollo de los conflictos internos se ha agudizado y las relaciones internacionales se han vuelto más tensas, o tal vez se presentan como tales, so pretexto de desvelar sus peores odios sobre el resto de la sociedad..
Los profundos cambios que requiere el país obligan a la búsqueda de un auténtica paz social con la participación de los actores que representen los intereses generales del Perú. Solo así esas diferencias tan estructurales podrán ser reconducidas mediante el diálogo de los actores, enmarcadas bajo demandas sociales legítimas. Las fuerzas del orden cumplen un rol importante en la sociedad y ellas deben contribuir a su desarrollo y a las buenas relaciones internacionales.
