Dr. Eric Eduardo Palma
El caso del Crédito con Aval del Estado (CAE) muestra de un modo muy diáfano como es que se ha producido esta apropiación de la riqueza estatal por empresarios extranjeros y nacionales.
En un escenario de aumento de las tasas de escolaridad, se promovió la fundación de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica para aumentar la oferta de estudios de educación superior, cuyo costo debía asumir el propio estudiante y su familia: la lógica neoliberal describe el fenómeno como consolidación del mercado y la industria de la educación superior. El gran desafío era financiar el aumento explosivo de la matrícula por lo que se diseñó un mecanismo que fuera de interés para el sistema bancario: aplicando la fórmula de la subsidiariedad se permitió a la banca generar una ganancia sustanciosa, poniéndose los escasos recursos del Estado a disposición de la banca. Inicialmente se estableció una tasa de interés del 5,8%, que se rebajó al 2% luego de las movilizaciones estudiantiles de los año 2009-2011.
Se estimó por el MINEDUC el año 2018 que en total han estudiado y financiado sus estudios con CAE, aproximadamente, 935 mil estudiantes. La aplicación del mecanismo resultó tan dañina para los endeudados que se transformó en un problema político que cuestionó todo el sistema de financiamiento. Provocó la formación de una comisión investigadora.
Dice el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en relación con las tasas de interés: “Como se estimaba que dicha tasa de interés no era lo suficientemente atractiva para los bancos (cuyos intereses anuales puede superar el 15%), se establece la posibilidad de recompra de un porcentaje de créditos por parte del estado, que se esperaba que llegara al 25% del total al año. iii. Para ser aún más atractiva la entrega de créditos por parte de los bancos, se establece un sobreprecio que se calculaba sobre la recompra de los créditos, que se esperaba que alcanzara cerca del 6% del valor de cada crédito […] El endeudamiento y el gasto privado de las familias contrastan, a su vez, con los exorbitantes niveles de ganancia de la banca privada”.
La implementación de la fórmula subsidiaria implicó un traspaso de recursos estatales a los bancos que superó con creces lo planificado al momento del diseño. La clase política veló por los intereses de la banca. Señala el Informe de la Cámara: “Del total de créditos entregados el Fisco ha comprado un total de 1.107.681 créditos a los bancos, equivalentes a 2,07 billones, representando el 50,6% del total (superando el 25% esperado). Estos créditos fueron adquiridos por el Estado por un total de 2,63 billones de pesos, lo que equivale a un 26,6% de sobreprecio ($552.459 millones) más que cuadruplicando el 6% esperado”.
Señaló al respecto el Tesorero General de la República: “El mayor traspaso de recursos está en la recompra (ley N° 20.027) que supera los dos billones 700 mil millones pesos. El proceso empezó con fuerza a partir de 2013, donde han estado, en los últimos 3 años, superando los $400.000 millones por año, en términos de recompra de las carteras a cada uno de esos bancos. Otro de los conceptos importantes dice relación con las garantías pagadas, que tiene que ver con aquella situación de estudiantes que entran en morosidad de pago y donde la banca decide hacer efectiva la garantía estatal. Hasta el momento se han traspasado, por ese concepto, sumando tanto los intereses como el capital asociado, alrededor de $189.000 millones del Tesoro Público hacia la banca”.
Es de enorme relevancia en esta coyuntura poner de relieve que la fórmula del estado subsidiario y del lucro con los derechos sociales, no sólo ha significado el deterioro de lo estatal y de lo público, sino, y esto es probablemente lo más relevante, el traspaso de fondos fiscales al empresariado en volúmenes muy significativos. Se señaló en este sentido en el seno de la Comisión Investigadora de la Cámara: “ […] por la manera en que estaba diseñada la licitación de las nóminas, el CAE terminó siendo también muy caro no solo para los estudiantes, sino para el Estado, que debió pagar cuantiosas sumas a la banca para que postularan y finalmente entregarán créditos a sus estudiantes”.
20 de Julio de 2022