Dr. Eric Eduardo PalmaSegún lo establecido el año 2015 por la ONU: “Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia” (ONU, 2015).
Las metas persiguen, entre otras materias de enorme relevancia, asegurar educación para niñas y niños desde la etapa preescolar velando porque sea “gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”. Se busca también el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres “a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” y “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (UNESCO, 2022).
Tiene también un lugar en los objetivos ODS 2030 el alcanzar una educación “para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” (UNESCO, 2022).
¿En que medida el proyecto de nueva Constitución conecta con estas loables metas que son al mismo tiempo obligaciones para el Estado de Chile? Del análisis del articulado tal como está hoy en día, se desprende de modo diáfano que las y los convencionales formularon una propuesta que está en absoluta consonancia con la educación de calidad que se persigue como objetivo mundial. Cabe señalar, a vía de mero ejemplo, lo dispuesto en materia de relaciones internacionales. Chile: “De igual forma, se compromete con la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos”; dispone por otra parte el texto que se someterá a plebiscito que el: “Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”; y dispone en materia de educación: “La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional”.
Por lo tanto, si la nueva Constitución resulta aprobada el 4 de septiembre, Chile podrá presentarse a la Cumbre sobre Transformación de la Educación (septiembre 2022, Nueva York) nada más y nada menos que con una credencial de rango constitucional, mostrando la voluntad de su pueblo de contribuir, a través de la educación, a superar los problemas que procura enfrentar la agenda ODS 2030.