La educación superior en América Latina atraviesa un momento crítico, marcado por políticas que priorizan el ajuste fiscal sobre el desarrollo intelectual. Tanto en el Brasil de Jair Bolsonaro (2019-2022) como en la Argentina de Javier Milei (2023-2027), se observa un patrón de desfinanciamiento sistemático. Estas medidas no son incidentales, sino que forman parte de una agenda que busca reducir el papel del Estado en la formación de ciudadanos críticos.
Durante el gobierno de Bolsonaro, las universidades federales brasileñas sufrieron bloqueos presupuestarios constantes que pusieron en jaque su funcionamiento básico. Bajo la narrativa de combatir un supuesto "adoctrinamiento", se recortaron fondos destinados a la investigación y al mantenimiento de los campus. Este asfixia financiera fue la herramienta principal para castigar a las instituciones que defendían la autonomía universitaria y el pensamiento plural.
En Argentina, el ascenso de Javier Milei ha radicalizado esta postura mediante una política de "motosierra" sobre el presupuesto educativo. Al prorrogar el presupuesto del año anterior en un contexto de inflación galopante, el gobierno ha licuado de facto los recursos para salarios y becas. La Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba blindar estos fondos, fue vetada por el Ejecutivo, enviando un mensaje claro de desprecio hacia el sistema público de ciencia y técnica.
Ambos modelos convergen en una visión neoliberal extrema que percibe a la educación no como un derecho, sino como un gasto prescindible. Al intentar mercantilizar el conocimiento, se promueve una elitización del acceso, donde solo quienes pueden pagar logran escalar en el sistema educativo. Esta lógica socava la movilidad social y destruye décadas de progreso en la democratización de la enseñanza superior en la región.
El negacionismo científico es otro pilar fundamental en estas gestiones. Durante la pandemia en Brasil, el desprecio por la evidencia académica fue evidente, y ese mismo sentimiento se tradujo en el desmantelamiento de agencias de fomento a la investigación. En Argentina, los ataques directos al CONICET y la descalificación de los científicos como "parásitos" reflejan una hostilidad hacia cualquier saber que no se traduzca en una ganancia económica inmediata.
Por su parte, en la Argentina de 2026, esta lógica ha alcanzado una dimensión institucional inédita a través del conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, que representaba un blindaje necesario para la recomposición salarial y la actualización de los gastos de funcionamiento frente a la inflación galopante, fue inicialmente sancionada por el Poder Legislativo, reconociendo la urgencia de preservar la infraestructura científica.
Sin embargo, el Ejecutivo, en un acto de soberbia tecnocrática y desprecio por la división de poderes, procedió a un veto total, escudándose en un pretendido 'equilibrio fiscal' que, en los hechos, actúa como un mecanismo de transferencia de recursos hacia el pago de deuda y sectores concentrados.
Lo más grave, desde un punto de vista jurídico y político, es el incumplimiento persistente tras el veto. Lejos de ser una etapa cerrada, la cuestión derivó en una judicialización donde el gobierno ha optado por el desacato fáctico, dilatando la aplicación de las partidas presupuestarias exigidas por ley mediante tecnicismos administrativos.
Esta actitud no es solo una omisión presupuestaria; es un ataque a la seguridad jurídica y a la legitimidad de las instituciones públicas. La Corte Suprema de la Nacion Argentina, interpelada por la comunidad universitaria, se encuentra ante la encrucijada de validar un presidencialismo que ignora la ley bajo el ropaje de la 'motosierra', o reafirmar el mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar la educación y la ciencia como pilares del desarrollo nacional.
La masiva Marcha Docente Federal del 12 de mayo fue, en este sentido, la respuesta necesaria ante este estado de excepción administrativo. La paralización del sistema educativo aquel martes no fue un simple paro laboral, sino un ejercicio de soberanía política que puso de manifiesto la ruptura del contrato social básico. La universidad ha dejado de ser un ámbito de formación ajeno a la praxis, para convertirse en la trinchera donde se disputa el modelo de país.
Desde una mirada crítica, entendemos que la educación superior no puede ser considerada un 'costo' a optimizar en un Excel, sino una herramienta fundamental de emancipación de la clase trabajadora. Defender el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento no es un fin en sí mismo, sino un acto de resistencia frente a un proyecto que pretende convertir a la universidad en una terminal de capacitación técnica para un extractivismo primarizador.
La excelencia de nuestras facultades —que hoy sostienen sus puertas abiertas a pesar del desfinanciamiento— es la prueba fehaciente de que el conocimiento soberano es una amenaza directa para quienes pretenden gobernar sobre las ruinas de nuestra inteligencia colectiva. La lucha, por tanto, se asienta en la unidad obrero-estudiantil, entendiendo que sin universidad pública, la posibilidad de un proyecto de nación soberana se torna, simplemente, un imposible histórico.
La retórica oficial en ambos casos suele acompañarse de una guerra cultural que deslegitima a las humanidades y a las ciencias sociales. Al tildar estas disciplinas de ideológicas, los gobiernos justifican la asfixia económica, ignorando que una sociedad sin pensamiento crítico es mucho más vulnerable a la manipulación. Este ataque a la inteligencia colectiva es esencial para consolidar políticas que benefician solo a los sectores concentrados de la economía.
Los recortes y la falta de financiamiento estudiantil adecuado generan una fuga de cerebros sin precedentes. Estudiantes e investigadores se ven obligados a abandonar sus países o sus carreras ante la imposibilidad de sostenerse económicamente. El daño que el neoliberalismo causa a la infraestructura científica tarda décadas en repararse, dejando a las naciones en una situación de dependencia tecnológica y cultural frente al Norte global.
En conclusión, la comparación entre los dos gobiernos revela que el desmantelamiento de la educación superior es una estrategia deliberada de control social. El modelo neoliberal, aliado al negacionismo, busca vaciar de contenido las aulas y laboratorios para eliminar cualquier resistencia al pensamiento único. Defender la universidad pública y gratuita es, hoy más que nunca, un acto de resistencia necesaria.-