El domingo vivimos un nuevo plebiscito constitucional y en esta oportunidad la ciudadanía le dijo no a un texto escrito e inspirado en base a idearios de la derecha más conservadora.
Horas después de dicho evento varias voces se han alzado para expresar sus opiniones y conclusiones de lo vivido en este proceso de cuatro años: para los más pesimistas esto se trata de un juego de suma cero donde perdieron todos y no se avanzó en nada. Para los más optimistas esto se trataba de un win win: haber perdido el plebiscito no significa una derrota puesto que se conserva la Constitución de la dictadura.
Lo cierto es que ambas visiones están equivocadas. El triunfo del En Contra sí significó un avance para la izquierda y no fue un win win para la derecha. En primer lugar, en este proceso existía la posibilidad (cierta) de que el texto fuera aprobado por la ciudadanía y ello significaba retroceder en importantes derechos ganados a punta de movimientos sociales y activismo judicial. Existía el riesgo que, hoy en día, nos viéramos mandatados a obedecer una Constitución aún más restrictiva en el ejercicio de derechos sociales, reproductivos, laborales, con una agenda valórica digna de un texto del siglo XIX y alejada de toda posibilidad de subsanar las problemáticas que la sociedad chilena ha venido reclamando en los últimos diez años. Pero, la mayoría le dijo no a todo ello y eso significa que nuestra sociedad no ha retrocedido. Retroceder era una posibilidad y evitar que ello ocurriera es algo de lo que vale la pena sentirse orgulloso.
En segundo lugar, no es efectivo que al rechazar la propuesta se haya ratificado (¡los más entusiastas hablan de dos veces!) la Constitución actual, por una razón muy simple: rechazar la propuesta significa eso: rechazar esa propuesta, la ofrecida por las derechas. ¿Significa eso que las personas al votar estaban pensando en ratificar la actual? Para nada. Sólo estaban manifestando su opinión respecto a un texto que no les satisfizo tanto en la forma como en el fondo. Por lo mismo no es posible hacer una interpretación en extremo extensiva (y malintencionada por lo demás) y sostener que la ciudadanía hoy apoya el texto actual. En otras palabras, el rechazo de la propuesta no legitima la Constitución vigente. Y es tremendamente relevante que los partidos políticos sean capaces de leer así el resultado del domingo, con mucha humildad, pero también con altura de miras. Porque sí hay algo que concluir es que muchas de las demandas sociales que originaron tanto el estallido social como los dos procesos constitucionales (llámense isapres, afp, viviendas, estafas, evasiones, colusiones, corrupción etc.) se solucionan (ya se podrían haber solucionado) por la vía legal, no constitucional. De hecho, muchas de ellas tienen reformas que llevan años durmiendo en el Congreso. ¿Por qué no avanzan? Falta de voluntad política por un lado y un excesivo lobby por el otro.
Entonces, frente a todos los hechos ocurridos este fin de semana, huelga hacer un análisis serio y ello pasa por separar dos cuestiones que son esenciales: la primera, que la Constitución no es la cura de todos los males que existen en Chile, por tanto, no es necesario esperar tener un nuevo texto constitucional para resolverlos. Pero, sí es efectivo, que las constituciones son textos que cada país necesita para establecer su hoja de ruta, cómo ve y aspira construir su sociedad, que sea legitima de origen y pueda conversar con todos e incluirnos a todos y desde ahí construir un proyecto común. De ahí que cabe decir que la deuda constitucional persiste y que es un proceso que, en el largo plazo, debe ser retomado, habiendo aprendido de todas las lecciones que nos enseñaron estos dos procesos. La segunda, que los males que aquejan a Chile son problemas graves que se observan desde el Estado, el gobierno, pero también de la sociedad y sus grupos intermedios. Los índices de corrupción y malversación de fondos públicos, así como los escándalos en fraude al Fisco denotan un desgaste institucional de proporciones que merecen ser revisadas por todos los miembros de nuestra sociedad, y que urgen cambios profundos del paradigma actual. Pero, por sobre todo, urge que la política y el empresariado sean capaces de ceder y permitir que la ahogada y agobiada ciudadanía pueda respirar por medio de una adecuada reforma de pensiones, tributaria y de seguridad social.
En estos cuatro años hemos cambiado como sociedad, hemos crecido y madurado a través de la reflexión, la sana discusión y el debate, por ende, no es posible sostener que las cosas siguen igual. Y si hay algo que debemos recoger de estos cuatro años de procesos constituyentes es esto: quizá aún no tengamos claro qué queremos, pero sí tenemos claro lo que no queremos y lo que no queremos es retroceder ni un solo milímetro en nuestros derechos adquiridos, pero tampoco que nos manipulen y polaricen aquellos miembros del establishment que creen tener cierta autoridad política y moral. Y, por sobre todo, no queremos que nos quiten nuestra identidad, esa que está en alguna parte entre el rechazo del 2022 y el en contra del 2023.-