En la pedagogía jurídica hay un diagnóstico claro respecto a la necesidad de salir del proceso enseñanza- aprendizaje basado en el contenido para ir incorporando otras competencias que son necesarias para el desarrollo profesional. En este sentido, se ha ido incorporando, no sin resistencias, competencias prácticas, a través de la creación de asignaturas específicas como litigación o las clínicas jurídicas, y también hay un número creciente de profesoras y profesores que incorporan elementos innovadores a sus prácticas pedagógicas de manera transversal para pasar del contenido a la práctica del ser abogado/a. Cuenta de esto son las diversas publicaciones que podemos encontrar en revistas especializadas como la de pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho (U de Chile), o la de Educación y Derecho (U. De Barcelona), solo por dar ejemplos.
Un poco más atrás ha ido quedando la incorporación consciente del aspecto actitudinal o valórico, pues, aun cuando los programas de diversas asignaturas declaran competencias específicas y genéricas de las universidades en este ámbito, es difícil medir su incorporación. En ese sentido podemos tener meridiana claridad sobre el aprendizaje de contenidos o materias propias del ejercicio profesional, y también sobre competencias prácticas, pero cabe hacerse la pregunta: ¿estamos formando abogadas/os con actitudes éticas?
Educar en valores significa establecer competencias relacionadas con el ámbito moral, pero también en el ámbito público, formando buenos ciudadanos/as. Se promueve el respeto, la empatía, la ética, y la igualdad. Se enmarca en el desarrollo de competencias ciudadanas, las que implican “facilitar la comprensión de la propia realidad social, la cooperación, la convivencia y la participación activa y responsable en la construcción de una sociedad ética y democrática.” (Zuta, Velasco, & Rodriguez, 2014), y son definidas como “conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para una gobernanza eficiente. Consideramos que el término gobernanza refleja las interpretaciones sobre los requerimientos de la democracia en nuestros tiempos: implica la participación de los actores sociales en la toma de decisiones y, en este sentido, siempre presupone la existencia de la democracia de los ciudadanos.” (Ochman & Cantú, 2013, pág. 69). Una de las competencias más importantes es la de respetar los derechos humanos, defendiéndolos en momento de vulneración
Es por esto que la educación para los derechos humanos debe ser central en quienes nos dedicamos a la docencia, pues es entendida como “el conjunto de procesos de aprendizaje, educación, entrenamiento e información que apuntan a la construcción de una cultura universal de derechos humanos. Comprende no solo el aprendizaje sobre derechos humanos, sino la adquisición y fortalecimiento de habilidades requeridas para aplicarlos de forma práctica en la vida diaria, el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos, así como el tomar acciones para defender y promoverlos.” (Office of the High Commisioner for Human Rights, 2011, pág. 9). Así las cosas, los abogados/as somos los primeros llamados a tener una aproximación no solo teórica respecto a los derechos humanos, sino que también debemos ser capaces de desarrollar esas habilidades prácticas y valóricas desarrolladas con la experiencia diaria de respeto de dichos derechos.
La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo integramos estas competencias ciudadanas, en especial la educación en derechos humanos, en nuestras prácticas académicas, sin importar la asignatura que se esté impartiendo? ¿Cómo pasamos de declarar competencias y resultados de aprendizajes en nuestros programas a vivirlos en nuestras aulas? Sin lugar a dudas estas preguntas tienen respuestas complejas, y no puede darse listados exhaustivos para resolverlas. Un primer paso, que puede parecer obvio, pero no por eso menos importante, es que los académicos/as e investigadores/as seamos los primeros en cuestionar nuestras prácticas en la sala de clases, que reflexionemos respecto de nuestro propio actuar frente a quienes nos relacionamos desde una situación de poder asimétrico o diagonal. También es importante realizar investigación en pedagogía jurídica que nos ayude a entender si nuestros/as estudiantes están experimentando los derechos humanos en su formación profesional. Hay algunos estudios en materias o asignaturas específicas (Arnouil el al, 2016; Becerra 2018a; Becerra 2018b), pero, hay que seguir haciéndose nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas. Finalmente, para dar ese primer paso, es importante apoyarse de los centros de desarrollo metodológicos o curricular de nuestras universidades, para ir incorporando indicadores en nuestras evaluaciones que permitan, de una u otra manera, darle la importancia que merecen las habilidades valóricas. Para bien o para mal, ese es un paso importante para posicionar estas competencias al mismo nivel que las de contenido o procedimentales. Quizás no en todas las evaluaciones, pero al menos en algunas. Siempre se pueden buscar formas creativas e innovadoras de incorporación para entablar reflexiones con las y los estudiantes sobre su quehacer en la universidad, pero más importante aún, en las relaciones interpersonales que establecerán de como abogadas y abogados conscientes del poder que tienen en la sociedad y en el desarrollo democrático de nuestro país, en tiempos complejos de fragmentación y polarización.
Referencias
Arnouil Seguel, M, et al (2016). Concepciones ético-valóricas que subyacen tras la formación en derecho ambiental: reflexiones teóricas acerca de su inclusión en el currciculum de pregrado de las universidades chilenas y colombianas. Atenea (Concepción), (513), 213-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622016000100014
Becerra, K. (2018a). Aprendizaje-Servicio: desarrollo de habilidades valóricas en competencias ciudadanas para los Derechos Humanos en estudiantes de Derecho. Revista de Educación y Derecho, (17).
Becerra, K. (2018b). El desarrollo de habilidades procedimentales en derechos humanos: aporte de la metodología aprendizaje-servicio en estudiantes de Derecho. Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, 16(31), 141-173.
Ochman, M., & Cantú, J. (2013). Sistematización y evaluación de las competencias ciudadanas para sociedades democráticas. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 18 N° 56, 63-89.
Zuta, E., Velasco, A., & Rodriguez, J. (2014). Desarrollo de competencias ciudadanas mediante un curso socialmente responsable. Educación, volumen XXIII, N° 45, 51-66.