El desafío que nos plantea la nueva propuesta constitucional, que va ser votada en septiembre, nos permite realizar un diálogo entre el pasado y el presente lleno de desafíos a propósito de la educación pública, la cual tiene profundas raíces en nuestra historia nacional e intelectuales que realizaron aportes sustantivos en su desarrollo y sus implicancias sociales, políticas y éticas.
El valor de la educación pública entregada por el estado, en los liceos fiscales, parte con la creación del Instituto Nacional, en 1813. Ya alrededor de 1890, existían en Chile cerca de 20 liceos del estado en los cuales surgieron las raíces que permitieron, por ejemplo, el desarrollo de la denominada clase media y la emancipación de la mujer.
El sentido central de lo público, y por ende lo estatal, es una construcción profundamente democrática, una conquista de nuestra civilización, de un bien público, como un instrumento que permite construir cultura, sociedad, participación, el sentido de pertenencia, este es un proceso de liberación interna, espiritual, de los miedos ancestrales, el valor, la legitimidad del otro, una gran conquista social.
En relación con los intelectuales tenemos a profesores universitarios como Valentín Letelier, que en forma sistemática, formuló la teoría del “Estado docente”. En un discurso de 1888, en la Universidad de Chile, expresó que el estado “no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública”. A su juicio, “gobernar es educar”, además, la educación ni puede ser universal si no es pública, ni puede ser pública sino allí donde las tendencias democráticas del pueblo la imponen a las potestades”. Refutaba “a los adversarios de la enseñanza pública por estar empeñados en adulterar la naturaleza de la educación, para convertirla en una industria y someterla a la ley de la oferta y la demanda. Es tan absurdo entregar a la iniciativa particular la administración de la justicia como entregarle la administración de la enseñanza.” (Jobet, 1970, p. 333).
La educación pública universal ha permitido el desarrollo de un espíritu cívico en el que los habitantes del país adquieren conciencia de sus derechos y deberes en una sociedad democrática, lo que en definitiva permitía una organización política y social estable y duradera. Históricamente, la enseñanza pública, pagada por el estado, operó con el principio de que lo público era lo común, lo que concernía a todos, lo justo, y, además, al no ser pagada, lo que permitía a aquellos que no tenía recursos materiales,es decir a la gran mayoría de la población, acceso a la educación en igualdad de condiciones.
Para Letelier el hecho de no ser la enseñanza igual para todos constituye el defecto principal de las democracias contemporáneas. La escuela no solo debe abrirse a los hijos del pueblo, sino que estos deben tener acceso a todos los grados y tipos de educación. La escuela debe ser “como una república”, sujeta al régimen de la igualdad, republicana en las que desaparecen las distinciones sociales de la fortuna y la sangre (Fuentealba, 1961).
En este sentido el liceo fiscal se conformó como un espacio sistemático de educación femenina que evidenció el cambio. Las hijas del liceo constituyeron un nuevo actor social, una masa crítica que lideró reformas en otros ámbitos desde y fuera de la educación. Con respecto a la enseñanza femenina, afirma Amanda Labarca, que fue Valentín Letelier, el que preparó el campo para incrementar la enseñanza femenina fiscal. Convencido partidario de la unidad cultural de los dos sexos, en todo momento preconizó la necesidad de colocar a la mujer en el mismo plano de importancia que su compañero: “No se podría –dice- aducir razón alguna, siquiera sea de mediano peso, para justificar la práctica común de dar una educación a un sexo y otra radicalmente diversa al otro… una misma educación sirve a hombres y mujeres; y las patrañas, las supersticiones y la ignorancia les perturban Por igual el criterio y no se extirpan en unos y otras sino por medio del estudio y de la ciencia” (1939, p. 193).
Se desarrolló una pléyade de mujeres la cual se formó en parte en los liceos públicos, del estado, de raigambre básicamente de capa media y popular, que plantearon, desde sí mismas, una reflexión sobre la condición de la mujer en la sociedad. Los primeros movimientos en pro de la igualdad, fueron impulsados por mujeres educadas en estos liceos, este denominado feminismo temprano se enfocó en promover una mayor preparación intelectual para ejercer las prerrogativas políticas a las que aspiraban.
Ideas tan profundas como la educación y el papel de esta como una función social se vuelven a hacer presentes en el actual momento que vivimos, en la que muchos actores tienen una convicción empresarial de la educación, los cuales consideran a esta como un bien de consumo, un negocio, en la que se puede invertir y obtener grandes utilidades, todo esto respaldado por una legalidad que lo protege y lo estimula e incentiva, con un modelo impuesto por la Constitución de 1980, en donde el estado sólo juega un papel subsidiario, entregando a los privados la educación, contrariamente a lo que establecía la Constitución de 1925, que consideraba a la educación como una atención preferente del estado.
No quisiera desmerecer el valor y el aporte de lo privado en la educación. En nuestra historia tenemos siempre presente ambas instancias, porque muchas instituciones privadas han jugado y juagan un papel de primer nivel en los distintos niveles de la educación, sin embargo, el tiempo presente es, así esperamos muchos, el renacer de la gloriosa educación pública.
