El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) ingresó dos propuestas de normas a la Plataforma de Iniciativa Popular, habilitada por la Convención Constitucional para recibir ideas desde la ciudadanía a la hora de redactar la nueva Carta Magna, con el fin de "garantizar el derecho a la educación".
De acuerdo con lo señalado por el Cuech, las normas presentadas apuntan hacia dos objetivos. Por una parte, "a la consagración del derecho a la educación pública, gratuita y transversal"; y, por otro lado, a la "descentralización del sistema y la búsqueda de una relación de trabajo colaborativo entre los planteles públicos y otros organismos estatales".
En palabras del presidente del consorcio y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, "la nueva Carta Magna es un oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país". La primera propuesta de norma está relacionada con la consagración de derechos fundamentales en el texto constitucional y busca que se defina de forma concreta y explícita el "derecho a la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad". En esa línea, desde el consorcio aseguran que "este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales".
En tanto, la segunda norma presentada se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando la existencia de al menos una universidad estatal por cada región del país, así como el fomento de una relación preferente de las universidades del Estado con las demás instituciones públicas. Ante la propuesta anterior, Vivaldi menciona que es de gran importancia aprobar su contenido, pues "hoy no hay normas constitucionales que garanticen su descentralización, coordinación ni la relación preferente que deberían tener con las demás instituciones públicas para satisfacer los intereses y necesidades del país y sus regiones".
En general, sobre las propuestas el rector asegura que tienen relación con "el concepto de universidad pública, las cuales tienen el deber de interactuar con el resto del Estado en todos los sectores, como salud, educación y tecnología". En esa línea, Vivaldi señaló que la idea es "reivindicar el nombre de universidades públicas como aquellas que buscan el bien común y pertenecen al conjunto del país y no aquellas que dependen de instituciones específicas".
Desde el Cuech, la directora ejecutiva Alejandra Contreras señala que "estas propuestas de norma apuntan no solo a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas, sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución". Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana, y para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir 15 mil firmas cada una. Por ello, tanto Contreras como Vivaldi enfatizan en la urgencia del apoyo ciudadano a estas iniciativas: "Son dos normas absolutamente fundamentales para la consagración del derecho a la educación en la nueva Constitución, y alcanzar las firmas es el primer paso hacia esa garantía".